El arroz necesita de la mano amiga del Estado

Vuelve y juega el debate por el cultivo del arroz en el país. He venido escribiendo sistemáticamente sobre la problemática del sector; la conozco y la he vivido porque, en 2020 y 2021, en plena pandemia, se presentó lo que podría llamar una “tormenta perfecta” que, sin la intervención del Ministerio de Agricultura, habría traído consecuencias nefastas para el arroz. En resumen, enfrentamos disminución del consumo, sobreoferta y contrabando, y logramos solucionar la situación con relativo éxito.

El domingo pasado, el ministro Dangond, en Urumita, La Guajira, durante un evento con alcaldes de ese departamento, recomendó la posibilidad de reemplazar el arroz por marañón, entre otros cultivos con posibilidades. Esta recomendación obedece a los resultados negativos que han tenido los arroceros de esa región durante las últimas cinco cosechas, entre otras cosas, por la falta de apoyo del anterior gobierno. Él les decía: “No siembren más arroz”, expresión que fue sacada de contexto y que han utilizado los enemigos del Gobierno del presidente De la Espriella para generar desinformación en la opinión pública.

Para cerrar el capítulo, las declaraciones del ministro Dangond se circunscriben a la realidad de La Guajira y el Cesar. El marañón sí puede ser un proyecto que se consolide, al estilo de la siembra de palma de aceite en el distrito de riego de Marialabaja, iniciada a finales de los años noventa.

Más allá de la polémica y del “show” que algunos han querido montar, hay que insistir en algunos aspectos de la problemática del cultivo que deben mirarse detalladamente. En los últimos años, bajo la mirada de espectador del Gobierno Petro, el contrabando del producto desde Ecuador hizo de las suyas. Cuando ocupé el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, logré desmontar un cartel en la frontera entre Ipiales y Tulcán. Vimos que, con el manifiesto de importación de arroz para una mula, nos metían cinco mulas “gemeleadas”.

¿Cómo lo solucionamos? En un diálogo franco con el Gobierno de Ecuador logramos que 90% del arroz importado llegara a nuestro país por el puerto de Buenaventura. Esa medida incluso redujo de manera importante la importación, pues, por costos, ya no era económicamente rentable. En ese diálogo participó el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.

Los arroceros son particularmente sensibles a los resultados de cada cosecha y, cuando hay resultados positivos, ¡hasta los conductores de taxi siembran arroz! Al darse una sobreoferta, los precios caen y se viene la quiebra masiva. He sostenido que el área sembrada del cultivo en las dos épocas de siembra del año no debería superar las 500.000 hectáreas. Una buena y oportuna directriz desde el Ministerio de Agricultura y la Upra es fundamental para organizar las áreas y evitar esas situaciones. Recuerdo que en 2021 se sembraron 590.000 hectáreas y ahí sucedió la tormenta que les mencioné arriba de esta columna.

En épocas de sobreoferta, anteriormente el Idema almacenaba cosechas y lograba estabilizar los precios. Con la liquidación del Idema nació el incentivo al almacenamiento. Este no es otra cosa que un dinero por mes que se le reconoce al molinero por el almacenamiento de los excedentes, por lo general en el segundo semestre del año, cuando se da la gran cosecha arrocera. En contraprestación, el molinero garantiza al productor un precio mínimo que asegure al menos cubrir los costos de producción, evitando así su quiebra.

Desafortunadamente, el Gobierno de Petro lo eliminó. Es hora de que se revise desde el Ministerio de Agricultura su reactivación o, en su defecto, la creación de una nueva herramienta para apoyar al productor en épocas de sobreoferta.

Nuestra estructura de costos es más alta que la de países productores de la región, como Perú y Ecuador. Aspectos relacionados con la adecuación de tierras en los diferentes “núcleos” arroceros, el mal estado de las vías terciarias y, en el Tolima principalmente, la famosa Tasa de Utilización de Agua (TUA) de los distritos de riego, que cobran las corporaciones autónomas regionales, empujan la matriz de costos hacia arriba y deben ser motivo de revisión desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y desde el gremio, si queremos tener una mejor competitividad y, a futuro, posibilidades de exportación del grano.

La financiación del cultivo con líneas especiales de crédito desde Finagro es fundamental para evitar la que realizan los molinos, quienes, entre otras cosas, aprovechan esto para amarrar a los productores cuando se viene la cosecha. Paralelo a ello, también deben establecerse mecanismos para fomentar infraestructura de secado en las regiones, importante en épocas de sobreoferta, pero además para darle valor agregado al producto.

Algunos recordarán que, hace algunos años, Rigoberto Urán invitaba a comer arroz. Sin duda, desde la pandemia el consumo se ha venido recuperando y, aunque el arroz es un producto que todos los días está en la mesa de los colombianos, es necesario retomar esas campañas de promoción al consumo, abandonadas también por el Gobierno Petro.

Para nadie es un secreto la puja entre el presidente de Fedearroz y el ministro Dangond. Ojo: ya el Gobierno ganó un round en la Andi. Creería que retomar una instancia de concertación como el Consejo Nacional del Arroz es fundamental, sobre todo para retomar el diálogo constructivo entre arroceros y molineros.

Bienvenido el debate público; nos habíamos sentido como una voz aislada en el desierto. Es importante no olvidar a esos 13.000 productores que cultivan arroz y a esas 400.000 familias en 210 municipios de 12 departamentos que dependen de la producción de arroz en Colombia. Es por ellos que se deben generar soluciones en medio de las polémicas.

El arroz necesita de la mano amiga del Estado.