El acceso a la tierra históricamente ha sido uno de los cuentos del gallo capón de la izquierda colombiana asociada erróneamente, además, a los sectores campesinos. Sobre esa base se creo el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) se adelantó a la fallida reforma agraria del Gobierno de Carlos Lleras; se promulgación la ley 160 de 1994 y se viene adelantando de manera equivocada la reforma agraria del Gobierno Petro.
Sobre la base del temor de la "expropiación" sectores como el ganadero se acercaron al Gobierno a través de Fedegan y en Octubre del 2022 se firmo un acuerdo en el que los ganaderos ofertarían tres millones de hectáreas para ser compradas a precios justos por el Gobierno y entregadas a los campesinos. Sin embargo su ejecución ha sido muy lenta, y de las 605 mil hectáreas ofertadas hasta hace unos meses por los ganaderos, la Agencia Nacional de Tierras solo había adquirido cerca de 19.800 hectáreas y comprometido sin pagar alrededor de 23 mil hectáreas.
A pesar de la voluntad del sector ganadero, en un intento además por evitar el sentimiento "expropiador" de este gobierno, se han generado varios hechos que apuntan a nutrir y hacer realidad ese sentimiento.
La ley de Jurisdicción agraria que crea un sistema de jueces y magistrados para resolver conflictos rurales y agrarios incluía un artículo relacionado con la llamada "expropiación exprés" que logro concertarse y eliminarse de la misma.
El artículo 32 del Plan Nacional Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" introdujo la figura de las Zonas y Áreas prioritarias para la producción de alimentos (Zppa Y Appa). Esta figura determina el tipo de actividades productivas y usos de suelo que se permiten, restringen y prohíben en un municipio o área determinada. Para mí es claro que dichas figuras invaden las competencias que la ley 388 del 97 dio a los municipios, pero más grave aún tiene serio incidencia en el detrimento del valor de la tierra donde sea decretada.
Así mismo se expidió el Decreto 033 del 2025 que definió reglas para agilizar procesos de negociación directa en la negociación de predios rurales. Definió, entre otras cosas, que todas las personas en 82 municipios pilotos ubicados en Antioquia, Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar deben informar al Gobierno sobre las negociaciones entre particulares cuando la venta sea por más de 2 UAF para que la ANT pueda ejercer una opción privilegiada de compra.
En caso de echarsen para atrás podría, incluso, operar la figura de expropiación incluida en los artículos 32 y 39 de la ley 160 de 1994. Sin lugar a dudas esta situación tiene graves implicaciones, pues interrumpe la negociación privada entre el vendedor y el comprador, y genera repercusiones económicas significativas para ambos. En últimas hay un elemento común la disminución del valor de la tierra en los 82 municipios pilotos.
No siendo esto suficiente denuncié hace unos días que la Corte Constitucional había admitido una demanda de la Agencia Nacional de Tierras contra 12 artículos del Decreto (Ley 902 de 2017 que creó el Fondo de Tierras y definió una reforma rural integral fruto del proceso de paz con la Farc) que limitan su poder en decisiones sobre procesos de tierra, lo que iría en contravía de la tradición jurídica agraria del país.
La ANT busca que sea la entidad la que decida sobre la entrega de tierras, sin necesidad de que un juez revise cada caso. En resumen, eliminar la doble instancia lo que podría conducir a errores o mas aún a abusos de esta en dichos procesos. Esta semana esto ha sido tocado, entre otras, por la Senadora Paloma Valencia y por la ExPresidente de Proantioquia María Bibiana Botero.
Me causa inmensa preocupación que los hechos citados arriba tienen una conclusión común: la disminución del valor de las tierras rurales. Esto podría ser una buena aplicación de la teoría del empobrecimiento en el Campo Colombiano y un plan para perjudicar la propiedad privada rural. Todo sobre la base del cuento del gallo capón de la Izquierda Colombiana!.
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