La ley que facilita a pequeños productores vender sin intermediación al mercado estatal

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Uno de los mayores problemas que tiene el mercado laboral en el sector agropecuario es la intermediación, pues entre el productor y el consumidor final hay por lo menos 10 actores que intervienen en el precio y en la cadena de producción.

Como respuesta a la conexión entre productores y el mercado, nació la Ley 2046 de 2020, una de las normativas más relevantes para conectar la producción en el agro con el mercado estatal.

De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, "esta ley ha mejorado las oportunidades comerciales de los pequeños productores rurales porque obliga a las entidades públicas a comprar al menos 30% de los alimentos a productores locales”. La normativa ha cerrado una brecha en este tipo de comercio, permitiéndoles vender sus productos directamente al Estado, evitando el uso de intermediarios e ingresos más seguros que fortalecen la economía rural.

En términos productivos, el impacto ya se ha reflejado en diversas cadenas del agro. Según Velásquez, las compras públicas locales han dinamizado principalmente alimentos básicos como arroz, papa, cebolla, cilantro y productos lácteos. Se trata de sectores donde predominan pequeños y medianos productores que, gracias a la demanda institucional, como programas de alimentación escolar o entidades públicas, encuentran una salida comercial más probable.

La norma también ha tenido efectos en la organización del campo. Según el constitucionalista, “la ley ha motivado a los pequeños productores a organizarse en asociaciones o cooperativas para poder venderle al Estado, ya que así pueden cumplir con los requisitos, producir en mayor cantidad y facilitar la distribución”.

Aunque el impacto ha sido positivo persisten barreras como limitaciones logísticas, dificultades de acceso a financiamiento, falta de asistencia técnica y exigencias legales y sanitarias. Para venderle al Estado, los productores deben estar identificados como pequeños o como parte de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, contar con RUT, cumplir requisitos sanitarios del Invima y demostrar capacidad financiera y de entrega.

“El acceso es moderado ya que los requisitos técnicos, financieros y sanitarios pueden excluir a productores menos formalizados”, concluyó, y aseguró que, mientras más alejados estén de los centros urbanos, mayor es la informalidad y la inaplicabilidad efectiva de la norma.