El Gobierno ya había restringido las exportaciones ganaderas en tres oportunidades

Han sido muchas las inconformidades manifestadas por parte de la comunidad ganadera desde que el Ministerio de Agricultura publicó el borrador del Decreto que prohíbe la exportación de bovinos en pie.

Andrés Valencia, exministro de Agricultura, comentó a través de su cuenta de X, que no ha sido la primera vez que el Gobierno ha tomado esta decisión e incluso con medidas más limitantes, aunque con motivaciones técnicas radicalmente distintas a las actuales.

Desde 2007, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se expidió el Decreto 357. La norma nació con el objetivo principal de facilitar el repoblamiento del hato ganadero que, en esta época atravesaba por una disminución preocupante.

Para poder lograrlo, se prohibió la exportación de animales de raza pura y hembras reproductoras, y se establecieron contingentes de exportación estrictos para los machos, con el propósito de que la base genética y productiva se quedara en el país.

El siguiente año, en 2008 y continuando con el gobierno de Uribe, se emitió el Decreto 4837. Este documento continúo la restricción pero con la medida de cupos o contingentes anuales para la salida de bovinos machos vivos.

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La intención era evitar que la exportación animales masiva de animales en pie desabasteciera las plantas de sacrificio nacionales y por ende, colocar en riesgo la oferta de carne procesada, especialmente en este periodo donde se necesitaba fortalecer el mercado interno para poder crear una oferta exportable de valor agregado.

En 2011, ya durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se publicó el Decreto 2000. Esta vez, la normativa se enfocó en regular la salida de bovinos machos con un peso igual o superior a los 440 kilos. Se seguía teniendo en cuenta la protección del inventario y el fomento de la seguridad alimentaria; se permitía la salida de animales que ya habían alcanzado su etapa final de engorde, pero se protegía a los ejemplares jóvenes para garantizar la sostenibilidad de la ganadería a largo plazo ante la escasez que se atravesaba.

En su publicación, Valencia destaca que, si bien el actual borrador no tendría ningún vicio de ilegalidad porque la Organización Mundial de Comercio, OMC, permite restricciones ante la escasez de un bien en el mercado interno, lo que causa conflicto es la ausencia de una justificación técnica.

Mientras que los decretos de años anteriores buscaban repoblar el campo y asegurar la oferta, la medida actual se vende como una herramienta que bajaría el precio de la carne, una promesa que, según el exministro, no cuenta con cálculos que afirmen una efectividad real.

Por último, el debate se centra en el factor de la comercialización. El sector ganadero sostiene que el alto precio de la carne no se debe a las exportaciones, sino a la excesiva intermediación en la cadena. Por esto, la sugerencia de Valencia va más allá prohibir el comercio exterior, se debería solicitar una investigación formal a la Superintendencia de Industria y Comercio para analizar dónde se están quedando los márgenes de ganancia que afectan tanto al productor como al consumidor final.