Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

La nueva Ley de Tecnología e Innovación para el Agro o Ley 1876 de 2017 nace como parte de los acuerdos pactados en La Habana, en el marco de las negociaciones con la extinta guerrilla de las Farc. Su trámite ante el Congreso se realizó mediante la figura del fast track o vía rápida. Sin embargo, la letra hecha ley permanecerá así hasta tanto no se reglamente para que sea una realidad.

Esta normatividad tiene como objetivo la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación (Snia). En el papel, se pretende mejorar la productividad y la competitividad del campo en lo que se ha denominado un “sistema integrador”. El desafío es lograr reducir la brecha tecnología que hay en el sector agropecuario.

Según informó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para implementar la nueva ley en los 32 departamentos del país se requiere, anualmente, como mínimo, $240.000 millones en los próximos dos años.

LOS CONTRASTES

  • Juan Lucas Restrepo Director de Corpoica

    “La ley Permite satisfacer la necesidad de un mayor acompañamiento técnico y científico con perspectiva de territorialidad y desarrollo del sector”

  • Juan Guillermo ZuluagaMinistro de Agricultura y Desarrollo Rural

    “La ley Permite satisfacer la necesidad de un mayor acompañamiento técnico y científico con perspectiva de territorialidad y desarrollo del sector”.

Por otra parte, los cálculos de Asoleche dan cuenta del rezago en la formación de capital humano en las zonas rurales, uno de los puntos clave de la normatividad, aprobada a finales de 2017. “90 % de los campesinos colombianos reportó jamás haber recibido asistencia técnica, 12,6% de la población de 15 años o más en zonas rurales dispersas señaló no saber leer ni escribir, o que cerca del 95% de la población rural no cuenta con educación superior”, señaló la agremiación en una publicación fechada en febrero de este año.

En un documento, la ADR explicó a LR que a través del Snia, el Gobierno pretende articular la investigación y el desarrollo con el sistema educativo (universidades, centros educativos, Sena, entre otros) para la formación y capacitación de todos los actores del sector agropecuario para mejorar la producción, generar empleo. La pregunta es cómo se logrará esto.

En cuanto a la reglamentación, la materia pendiente del Gobierno, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, Corpoica y el DNP son las entidades encargadas de hacer el acompañamiento a las secretarías de agricultura tanto para la construcción de los planes departamentales de extensión.

“Esta ley permite satisfacer la necesidad de un mayor acompañamiento técnico y científico con perspectiva de territorio y desarrollo para la solución de problemáticas que históricamente se les han presentado a los agricultores”, dijo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.