Así va compra de tierras por parte del Gobierno: 494.556 hectáreas y un total de 1.868 predios

El proceso de compra de tierras en el marco de la reforma agraria en Colombia ha sido uno de los ejes centrales de la política del Gobierno para garantizar el acceso a la tierra a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La estrategia contempla la adquisición de predios por parte del Estado, y su posterior entrega a las familias beneficiarias, con el objetivo de reducir la concentración de la tierra y promover el desarrollo rural.

En el último informe del contador oficial de la reforma agraria, publicado por el Ministerio de Agricultura con corte diciembre del año pasado, en la compra total de tierras se registraron 494.556 hectáreas y un total de 1.868 predios.

Segmentando esa información, 150.819 hectáreas, que representan 713 predios, están en proceso de formalización de ser adquiridos mediante ofertas aceptadas por parte de sus propietarios. Además, se han gestionado compras efectivas que abarcan 174.237 hectáreas distribuidas en 693 predios, incluyendo terrenos adquiridos a terceros, el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Sin embargo, en días pasados se conoció que a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Gobierno adjudicó 2.632 hectáreas de tierra fértil en los municipios de Ábrego, La Esperanza, Ocaña, Teorama y Tibú, en el Catatumbo.

Estos avances se suman a la titulación de 1.282 hectáreas durante la vigencia del estado de conmoción interior, que permitió agilizar procesos de formalización agraria.

En paralelo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) continúa atendiendo a personas desplazadas desde distintos municipios del Catatumbo, activando medidas de protección para las propiedades abandonadas. A abril de 2025, la entidad recibió 424 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), lo que permitirá avanzar en los procesos de restitución y retorno con garantías.

Otras estrategias dentro de la reforma agraria han permitido la transferencia de tierras sin erogación de pagos. A través de donaciones se han incorporado 2.240 hectáreas en 30 predios, mientras que la transferencia gratuita de bienes de la SAE ha sumado 22.986 hectáreas en 239 predios. A esto se suman procesos agrarios como clarificación, deslinde, extinción y recuperación de tierras, que han permitido que 144.274 hectáreas pasen a ser administradas por el Estado.

Desde su implementación, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, es la entidad que ha liderado la gestión de compra y adjudicación de los predios, bajo lineamientos establecidos en el Acuerdo de Paz y en la legislación vigente.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado distintos retos, incluyendo aspectos técnicos, administrativos y financieros que han influido en su ritmo de ejecución y adjudicación.

Por otro lado, cifras de la ANT publicadas en la página web del Gobierno, registraron, con corte a diciembre, un total de 448.544 hectáreas de tierra adquiridas, de las cuales 186.116 corresponden a 2024.

Presuntas irregularidades
En abril del año pasado, la Contraloría General presentó un informe en el que señala presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de los terrenos destinados al fondo de tierras.

Según el organismo de control, se encontraron inconsistencias por un valor de $160.000 millones, además de retrasos en la entrega de los predios a sus beneficiarios.

Uno de los principales hallazgos del informe es la compra de tierras con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. De acuerdo con la Contraloría, algunos de los predios adquiridos tienen hasta 50% de su superficie en suelos clasificados como clase VII y VIII, que no son aptos para cultivos ni ganadería.

También se identificaron terrenos con humedales, lo que limita su uso agrícola y puede generar riesgos ambientales. Además, algunas de las tierras compradas han sido ocupadas ilegalmente debido a la falta de control y custodia, generando un posible detrimento patrimonial.