
Buscar la financiación de modelos de negocios amigables con el medio ambiente, bajos en emisiones de carbono y adaptables al acelerado cambio climático de las últimas décadas, fue la motivación que hace un poco más de 18 años tuvieron el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional para la creación y el lanzamiento al mercado de los llamados bonos verdes.
Clasificados como instrumentos de deuda ofrecidos por empresas privadas, entidades gubernamentales o mixtas, los bonos fueron creados y han funcionado con las características de tener un plazo fijo y también una tasa de interés fija. La diferencia frente a los bonos normales radica en que, en los verdes, el emisor se compromete a destinar lo recaudado a proyectos sostenibles o que contribuyan directamente a minimizar las consecuencias del cambio climático.
Dentro del amplio abanico de posibilidades de utilización de los bonos verdes, se destacan operaciones y activos relacionados con energía renovable, eficiencia energética, uso sostenible de la tierra en agricultura o procesos de reforestación, manejo sostenible de residuos, conservación de la biodiversidad, transporte público sostenible y manejo sostenible de recursos hídricos, entre otros.
Desde que salieron al mercado, los bonos verdes han sido muy bien posicionados en el mercado, porque, más allá del objetivo que tienen, sus características los hacen muy atractivos. La gran mayoría han sido calificados con AAA, con muy pocos riesgos y con tasas que superan entre 1,5 y 3,0 de indicadores como la inflación, en la mayoría de los bonos ofertados, aunque cada emisor maneja sus tasas.
Otra de las bondades de los bonos verdes es la rapidez con que se pueden conseguir los recursos, y que en muchas ocasiones no se necesitan tantos activos para respaldar la inversión. Bancóldex fue la primera entidad que emitió, en 2017, el primer bono verde del país en el mercado local por 200 mil millones de pesos. Dicha subasta superó las expectativas, logrando una demanda de 510 mil millones, más de 2.5 veces el monto subastado.
En Colombia, el marco regulatorio para la emisión de bonos está definido en la Ley 964 de 2005, la cual regula el mercado de valores, y el decreto 2555 de 2010, el cual regula el mercado financiero. Pueden ser emitidos por cualquier entidad con calificación crediticia, como banca comercial, de desarrollo, corporativos, gobiernos nacionales y locales. Las carteras de crédito también pueden ser usadas como activos verdes, es decir, se pueden comerciar en el mercado secundario.
Los bonos verdes en Colombia son o han sido ofrecidos en su momento por bancos como Bbva, Banco de Bogotá, Banco Finandina, Mibanco, Bancoldex, Bancamía, Banco W, entre otros, y empresas como Celsia. También existen bonos soberanos del Gobierno Nacional de Colombia de esta categoría.

Las principales condiciones que debe cumplir un proyecto estructurado y financiado bajo la modalidad de bonos verdes son que esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se puedan medir sus impactos ambientales, que se pueda asegurar una trazabilidad, que se cumplan los demás requisitos del emisor y presentar los informes requeridos.
Las emisiones de bonos verdes en Colombia desde 2016 suman unos 2.8 billones de pesos. Aunque es una cantidad considerable, el Gobierno actual considera que es una cantidad todavía pequeña e invita a que no solo sean los bancos los grandes emisores de estos papeles, sino otros actores del mercado financiero que tienen allí una gran oportunidad.
Los retos según Asobancaria
Asobancaria considera que, en los últimos años, el mercado de bonos verdes ha adquirido una creciente relevancia tanto a nivel internacional como en el contexto colombiano. Sin embargo, identifica varios retos como el entorno regulatorio, la necesidad de optimizar el desempeño frente a los compromisos de la Agenda 2030 y la reconfiguración del concepto de sostenibilidad, constituyen elementos clave para fortalecer su participación en el sistema financiero. Además, la ausencia de marcos estandarizados para la medición de estos riesgos representa una barrera de crecimiento del mercado de bonos verdes.
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