Agro

Directora de la ANT denunció aumento de falsos tramitadores en diligencias de la entidad

También se invitó a los ciudadanos denunciar cualquier exigencia de dinero relacionada con trámites o procedimientos de la Agencia
David Quintero Moreno
28 de agosto de 2026

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La directora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Lina María Garrido, hizo un llamado a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, ganaderos, agricultores, empresarios y demás ciudadanos con trámites o procesos relacionados con sus predios a no realizar pagos a cambio de gestionar, agilizar o solucionar actuaciones ante la entidad.

“No se dejen engañar, los trámites ante la Agencia son gratuitos y no requieren ningún pago”, afirmó la directora de la ANT. A su vez indicó que la entidad tomó medidas de control institucional con el fin de fortalecer la revisión de los procedimientos agrarios y proteger los derechos de todas las personas involucradas.

Ante esta situación, Garrido, pidió a los ciudadanos reportar cualquier intento de cobro relacionado con actuaciones de la Agencia y acudir a las autoridades correspondientes.

“Los invito a denunciar a quien, como funcionario o contratista, le exija dinero para avanzar en cualquier trámite o procedimiento. No vamos a permitir que se sigan aprovechando de la Agencia”, afirmó.

La entidad señaló que los casos en los que se identifiquen posibles cobros irregulares serán remitidos a las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.

A su vez, también se hizo énfasis en que la ANT no puede quitarle arbitrariamente la tierra a nadie. “La Agencia Nacional de Tierras no puede quitarle arbitrariamente la tierra a nadie. La propiedad privada legalmente adquirida será respetada", aseguró Garrido, reiterando que las actuaciones de la ANT están sometidas a la constitución y la ley y que la entidad garantizará los derechos de quienes tengan una relación legítima con la tierra.

En ese sentido, la Agencia señaló que las medidas de control implementadas no significan frenar el acceso a la tierra, su formalización ni el avance de la Reforma Agraria. Por el contrario, están orientadas a reforzar la seguridad jurídica de los procesos y asegurar que las decisiones se tomen bajo criterios técnicos y jurídicos rigurosos.

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