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La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, realizó una investigación en torno a la problemática por la invasión a tierras que se está presentando a lo largo y ancho del país, en la que funcionarios públicos estarían involucrados.

Según dio a conocer El Tiempo, en total se abrieron 22 indagaciones y 11 investigaciones a carácter disciplinario de diferentes notarios, alcaldes, registradores, inspectores de policía y funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) de algunos departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, entre otros.

Aunque no se conocen los nombres de las personas investigadas, se conoció que la entidad recibió quejas ciudadanas sobre presuntos favores en papeleo, omisiones y falsificación de documentos que desencadenaron en la invasión de predios públicos y privados. Entre ellas 120 denuncias penales durante 2021, de las que la Procuraduría atendió 17 quejas relacionadas con demoras en los procesos.

Según la entidad de control, en las regiones las dinámicas de invasión no son iguales, pues en algunas zonas como el Caribe, principalmente en municipios como Puerto Colombia, Galapa, y Malambo, hay estructuras criminales compuestas por particulares y servidores públicos, quienes presuntamente han facilitado el actuar de los invasores.

En otras regiones como el norte del Cauca las invasiones han sido efectuadas, en general, por comunidades indígenas y campesinas que reclaman las tierras y predios como propias, una coyuntura que viene presentándose desde hace años.

Cabe recordar que, Margarita Cabello, cabeza de la entidad, ordenó a 84 procuradores regionales poner la lupa sobre los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en acciones que favorecieron las invasiones a predios privados y públicos.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, ya se había manifestado antes la coyuntura e hizo un jalón de orejas a las personas que han invadido tierras.

“Hay un tema básico y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley y la institucionalidad”, dijo.

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