Pérdidas actuales de paperos se estiman entre $11 y $16 millones por hectárea

Una situación preocupante está viviendo los productores de papa en los diez departamentos donde se cultiva este tubérculo, todo por la baja rentabilidad que están obteniendo con la venta de dicho producto en el mercado. La disminución ha llegado a alcanzar detrimentos superiores al 60 por ciento en los precios pagados al productor, esto causado por una caída abrupta y prolongada de las cotizaciones que se les reconoce a los cultivadores, especialmente durante el primer semestre del presente año.

Richard Sánchez Bernal, gerente general de Fedepapa, dice que esta situación se generó por un desbalance entre la oferta y la demanda, ocasionado por un incremento de áreas sembradas impulsado por las expectativas de los productores, también por condiciones climáticas favorables, que elevaron los rendimientos. Igualmente, ha influido para ello, el ingreso irregular de papa por la frontera sur; la competencia desleal que se da en las importaciones de esta y la comercialización informal y atomizada, enfatiza Sánchez.

“El descontento se profundiza porque los productores están asumiendo pérdidas económicas directas que oscilan entre 11 y 16 millones de pesos por hectárea, sin contar con herramientas efectivas de protección, como seguros, reservas públicas, esquemas de compras institucionales o acuerdos de comercialización justos”, anota Sánchez.

Solicitud

Para salir de este difícil momento por el que están atravesando los productores, Fedepapa le ha propuesto al Ministerio de Agricultura, un plan de acción con medidas integrales que combinen soluciones de corto, mediano y largo plazo con enfoque estructural. Esto en términos prácticos incluye, control al contrabando, mediante una Mesa Anticontrabando y trazabilidad con Guía de Movilización; Recursos adicionales para una campaña nacional de consumo de papa.

Compras públicas efectivas a los pequeños productores, con enfoque territorial; Prolongación de las medidas antidumping y revisión de estrategias antielusión; Alivios financieros a través de subsidio a la tasa de fomento y líneas de refinanciación, así como la activación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) papa. En opinión de Sánchez, de todos los males que aquejan al sector, el que requiere una intervención inmediata es el deterioro de la rentabilidad, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de los productores y la continuidad del ciclo agrícola.

Soluciones

Para mitigar la crisis del sector, la Gobernación de Cundinamarca puso en marcha la realización de 50 Mercados Campesinos en localidades de Bogotá y municipios cundinamarqueses, 20 ruedas de negocio con actores públicos y privados, y la compra directa de 50 toneladas de papa a asociaciones campesinas. “Vamos a tomarnos los peajes, a impulsar la venta directa al consumidor, a comprar papa local y transformarla en productos con valor agregado. Esta es una respuesta concreta a una crisis real”, señala el gobernador Jorge Emilio Rey.

Entre tanto, la Gobernación de Boyacá, para ayudar a los productores inició la compra y entrega de papa más grande en la historia del Plan de Alimentación Escolar (PAE), con 73.000 libras semanales que llegarán desde los cultivos boyacenses a los platos de los estudiantes en todo Boyacá.

Asimismo, el Gobierno departamental destinó 1.000 millones de pesos para la compra directa a pequeños productores, para evitar pérdidas en las cosechas y dinamizar la economía local. Además, se implementarán ‘Papatones’ en varias ciudades del país para fomentar la venta directa sin intermediarios, señala el Gobernador Carlos Amaya.

Esperando prontas soluciones

Entre tanto, los voceros de Dignidad Agropecuaria Colombiana esperan que el Gobierno resuelva el problema y las peticiones. “De lo contrario serán los papicultores, los que deciden el quehacer de ellos, para alcanzar soluciones acordes a sus reclamos”. Sobre la posibilidad de un paro del sector, Fedepapa reafirmó su compromiso con el diálogo, la gestión gremial responsable y la construcción de soluciones sostenibles. “Reconocemos la creciente presión social que existe en algunas regiones impactadas por la crisis de precios, pero nos ceñimos a la institucionalidad, no respaldamos acciones de hecho ni bloqueos que afecten la seguridad alimentaria”.