Regulación a la extranjerización de tierra, uno de los retos que enfrentan los menonitas

A pesar del importante aporte económico y social que la comunidad menonita genera en la altillanura, su llegada trajo una serie de retos en materia ambiental, regulación de tierras, así como la legalidad en documentación para establecerse en los predios en Puerto Gaitán.

Viven en una región que históricamente ha sido afectada por el conflicto armado, principalmente por la presencia de grupos paramilitares que controlaron la zona durante más de tres décadas, donde mantuvieron un campo de entrenamiento de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. Sin embargo, los primeros problemas que enfrentaron fueron en materia de regulación ecológica con la autoridad ambiental del Meta, Cormacarena y no por orden púbico.

Poco después de su llegada, dicha entidad sancionó a los menonitas por incurrir en daños ecológicos. Según explicó Cormacarena, esta comunidad hizo “un aprovechamiento indebido de los recursos naturales, sin contar con el permiso requerido por la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán”, donde están asentados.

La tala de árboles fue causa de una multa que sobrepasó $8 millones, sustentada bajo el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de octubre de 2010. Cormacarena aseguró que esta suma de dinero fue pagada, junto con la siembra de más de 40.000 árboles nativos, “con el fin de recuperar el daño ambiental ocasionado, ejercicio que continuará en 2024” puntualizó.

Hermes Gaitán, miembro del pueblo indígena Sikuani e historiador de profesión, afirmó que la comunidad menonita “son muy de la idea de explotar la tierra y producir diversos tipos de monocultivos extensivos, lo que desata, por un lado, una deforestación de la poca presencia de punta de mata, arrasando con esta fauna y flora en la sabana”.

Sin embargo, Cormacarena aseguró que en términos de frontera agrícola, el territorio ocupado por los menonitas son áreas aptas para el desarrollo agropecuario. “La frontera agropecuaria corresponde a la zona transformada antrópicamente por actividades agrícolas o pecuarias y que forman un espacio geográfico continuo”, de acuerdo a la información cartográfica suministrada por el Ideam, y de conformidad con la leyenda nacional de coberturas de la tierra Metodología Corine Land Cover.

En la actualidad la comunidad cumple con todos los requerimientos ambientales y ecológicos, sin incurrir en faltas punibles por deforestación.

Los reclamos de los pueblos indígenas Sikuani

En el área rural de Puerto Gaitán los menonitas han constituido en total cuatro grandes colonias conocidas como Liviney, Australia, La Florida y Las Piedras. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esta comunidad tiene en su poder 43.000 hectáreas, de las cuales 13.000 son terrenos baldíos, y de esos, 8.400 están en recuperación por indebida ocupación.

La violencia de los años 50 y el paramilitarismo desalojó a comunidades indígenas de sus territorios en Puerto Gaitán. Esto obligó a que se desplazaran a otros departamentos e incluso países como Venezuela. Algunas de las tierras, hoy en posesión de los menonitas, según la ANT, son reclamadas por pueblos indígenas como los Sikuani.

ARTÍCULO RELACIONADO

El Ministerio de Agricultura alista proyecto para regular la extranjerización de tierras

“Se habla más o menos de 20.000 hectáreas que comprenden la solicitud de protección ancestral”, explicó el líder Sikuan, Hermes Gaitán, miembro de la comunidad indígena. Los Sikuani y otros pueblos han apelado al decreto 2333 de 2014, que permite solicitar la protección de territorios que fueron despojados a comunidades indígenas.

A pesar de que el pueblo Sikuani inició el proceso en 2016, la ANT no ha resuelto la solicitud. Entre muchas razones debido a que en el territorio hubo una “superposición de ocupaciones”, donde antes de los menonitas las ocuparon colonos, como explica Gaitán.

De las 43.000 hectáreas que poseen los menonitas, 30.000 eran considerados predios baldíos en 1993, que luego fueron adjudicados a privados. Frente a ello, el senador Wilson Arias ha denunciado que del total de hectáreas en posesión de los menonitas, 33.000 fueron comparadas a precios muy bajos: por debajo de los $2 millones por hectárea.

Y respecto a la adquisición de tierras, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello le dijo a Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio que “los menonitas, al operar como una organización estarían concentrando tierras”. Esto debido a que la comunidad ha adquirido los predios de manera individual para la explotación familiar, y no en comunidad, como lo explicó Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita.

Según los medios, al comprar la tierra individualmente, pero trabajarla de forma conjunta, estarían excediendo la Unidad Agrícola Familiar que determina la expansión de tierra que se considera suficiente para una familia. En Puerto Gaitán son predios entre las 1.000 y 1.340 hectáreas.

“El panorama futuro depende del papel de las instituciones para ser mediadores en esas tensiones por la tenencia de la tierra en los Llanos Orientales”, explicó Douglas Molina, experto en desarrollo rural.

El proyecto para regular compra de predios para los extranjeros

ARTÍCULO RELACIONADO

El aporte económico y social en los Llanos Orientales de la comunidad de menonitas

A comienzos de octubre, en medio de un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que Colombia está demorada en un marco regulatorio estatal de la extranjerización y acaparamiento de tierras, a raíz de la llegada de la comunidad menonita a la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán (Meta).

Si bien este proceso sería entendido como una regulación a procesos como la extranjerización y el acaparamiento de tierras, Mojica afirmó que en términos de inversión de capital extranjero en tierras “de ninguna manera afecta la inversión extranjera, por el contrario, la fomenta, al proveer normas claras para que empresas foráneas ingresen al mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria”.

El fin de este proyecto que busca un marco regulatorio sobre la extranjerización de tierras, de acuerdo con el MinAgricultura, sería afirmar el ordenamiento en torno al agua, así como la garantía del derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas en el país, lo que sería determinante para poder solucionar las diferencias presentadas por pueblos indígenas de la región a los menonitas.

Desde el Ministerio de Agricultura afirmaron que esta regulación deberá incluir estudios técnicos para que los extranjeros puedan cerrar negocios sobre tierras rurales, o si debe limitarse a determinado porcentaje.

Los datos de la cartera muestran que, en Colombia, 5,4 % de los propietarios tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que 56,7% de los propietarios poseen predios hasta tres hectáreas. “Es decir, unos pocos propietarios tienen predios grandes y muchos tienen predios pequeños”, dijo Mojica.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, este proceso de extranjerización de tierras puede ayudar a pasar del acaparamiento de tierras, que es el proceso de compra masiva de grandes superficies de tierra, a promover inversiones que pueden ser beneficiosas si se realizan con las necesidades de inversión del país en cuestión. En este sentido, la FAO dice que los compradores deben “reconocer las consecuencias de sus inversiones”.

Problemas de orden público en el Meta son una amenaza

La gran joya de Puerto Gaitán, Meta, son sus recursos. Este municipio registra la mayor producción de hidrocarburos en el país. Allí se encuentra el campo petrolero más grande de Colombia (Campo Rubiales), y tuvo una producción de 206.000 barriles por día como promedio en agosto de 2023 y una participación de 26,4% del total nacional, según el reporte de Campetrol.

Este panorama de riqueza no es ajeno a la presencia de algunos grupos ilegales en sus veredas, tales como Los Puntilleros, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y las bandas delincuenciales de carácter local. Esto, junto con políticos detrás del botín de las regalías provenientes de la extracción de crudo, generan en la comunidades un ambiente de zozobra e incertidumbre.

Aún así, Abram Loewen, habitante de Liviney, se mostró tranquilo y afirmó que en la zona “también hay una base militar, con la que tenemos buena amistad, hasta el momento no hemos tenido líos”. Sin embargo, la seguridad es un problema en distintos municipios del Meta.

La Cristalina se ha transformado con su llegada, con mayores oportunidades de empleo, que van más allá de la extracción de hidrocarburos, y abre otros campos como la construcción, agricultura y operarios de las tierras.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reveló en un informe de 2021, que el Meta es uno de los ocho focos territoriales de conflicto armado. El interés de los grupos ilegales en este territorio tiene que ver con el control de corredores, la formación de un centro de avituallamiento y el reclutamiento de combatientes. “Además de generar dinero producto de secuestros extorsivos a comerciantes y ganaderos de la zona”, dice el informe.

Durante todo el año ocurrieron hechos relacionados con el conflicto. A principios de año se dio la retención de 30 integrantes de las Fuerzas Militares mientras desarrollaban operaciones de patrullaje en los sectores Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas del municipio Vista Hermosa, Meta.

ARTÍCULO RELACIONADO

Los menonitas y su relación con el agro

Esta acción se suma al secuestro de tres soldados en manos de disidencias de las Farc, según información entregada por el Comando General de las Fuerzas Militares en enero de este año.

Con este panorama las comunidades étnicas son las más afectadas. Su ubicación geográfica en zonas de difícil acceso y la falta de presencia estatal facilita la presencia de grupos ilegales y su influencia. Las restricciones de movilidad por parte de estos grupos, además, ha ocasionado que organizaciones como las Naciones Unidas alerten sobre el acceso humanitario en la zona. La entidad también destaca la vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales en el departamento, como una de las amenazas.