Un Plan de Desarrollo sin pacto por lo rural

Buscar en la telaraña de los pactos, verdaderas apuestas por el mundo rural y agropecuario, ha sido un reto para el Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Debo decir que cuando estábamos en época electoral, evaluamos los programas de los candidatos a la presidencia y el de Iván Duque fue el que más nos llamó la atención por su poca trascendencia y escaso contenido propositivo. ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ es una diáspora estratégica, es como apostarle a todo y a nada. El Plan es coherente con el programa de Gobierno, lo rural rural luce en el documento sin mayor fuerza, con poco entusiasmo, sin interés genuino por la Colombia profunda, esa donde viven los productores de alimentos y excedentes exportables de los que disfrutamos en las ciudades.

Es desafortunado comprobar que el plan le resta trascendencia a los planteamientos de la Misión Rural, iniciativa dirigida por José Antonio Ocampo y cuyos resultados fueron avalados por el país político y académico. También están ausentes las recomendaciones de la Misión Tributaria y del Gasto y ni que decir de los Acuerdos de la Habana.

Un aspecto relevante, por sus impactos sociales y en la productividad, tiene que ver con la formalización y las condiciones del trabajo rural. Los diversos pactos le van asignando al mundo rural algunas directrices y entre ellas está el pago diario integral, incluso por horas, el mismo que no pudo pasarse por ley el año pasado y ahora se pretende que quede en las normativa del Plan. La formalización laboral en el campo se calcula en 12%, fundamentalmente en actividades agroindustriales.

Con la idea de los pagos legales por horas o por día no habría ninguna razón para que los empleadores mantengan el empleo formal hoy existente, se pasarían a estas nuevas modalidades que no solo les abaratan los costos laborales, sino que los libera de responsabilidades de seguridad social o costos por incapacidades y hasta despidos.

La búsqueda de una mayor productividad en el campo se basa en proyectos agroindustriales que hagan posible incluir a los medianos y pequeños productores, con mecanismos de exenciones tributarias y los desarrollos digitales.

El plan propone el incentivo a las cadenas productivas y con ellas a la formalización de empresarial y laboral. Si bien estos mecanismos pueden sonar loables, el Plan es tímido para presentar metas e instrumentos precisos que permitan lograr estos propósitos.

La prioridad hacia el gran capital y a partir de allí el apalancamiento a pequeños productores, asociaciones y cadenas productivas ya ha sido probada con instrumentos como AIS o con las Zidres, que se han dirigido a servir a los intereses de muy pocos productores, sin mayores resultados sobre la productividad del campo y menos con los ingresos de las economías campesinas.

El plan insiste en una estrategia fallida para el país.
El agro, el mundo rural no es una prioridad, el plan de desarrollo deja al sector como simples apéndices de algunas otras estrategias, solo ideas sin mayores claridades sobre metas y logros en el tiempo.

El campo sigue siendo el patio trasero de un modelo de desarrollo que no lo concibe como necesario para para presente y futuro del país.