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La evidencia científica sobre el uso medicinal del cannabis ha activado una tendencia regulatoria en el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Países como Brasil, México, Perú, Argentina y Chile cuentan con marcos legales o programas de cannabis medicinal que demuestran esta clara tendencia.

Colombia ha sido pionera en esta materia y cuenta con un marco legal desde el 2016, el cual tiene una regulación sólida y reconocida a nivel de derecho comparado. Lo anterior, implica que tenemos la posibilidad de jalonar un nuevo sector de la economía, pero más importante, tenemos como país la obligación de ofrecer una alternativa terapéutica a millones de pacientes.

El corazón de la regulación no es un problema industrial o simplemente de añadir un renglón de exportaciones a la economía, y menos de materias primas para que terceros en otras latitudes desarrollen productos. La esencia está en dar acceso y cambiar la vida de las personas que necesitan tratarse con productos medicinales legales y trazables con cannabis. El 2019 fue un año de articulación y superación de barreras interpretativas entre el gobierno y la industria privada. Las autoridades han avanzado en cerrar el círculo regulatorio y la industria en retarse técnicamente para garantizar productos legales de calidad.

El 2020 es el año de la ejecución y consolidación. Tanto el gobierno como la industria tienen que estar a la altura y dar el siguiente paso para mostrar que pueden implementar la regulación. La separación Estado e industria privada como antagonistas no construye país y sólo nos enfrasca en enfrentamientos interpretativos y posiciones intransigentes.

Los avances se han dado y la industria tiene la voluntad y capacidad de estar al nivel de los estándares internacionales. Esto, sumado a la voluntad política de las autoridades y al conocimiento técnico, la receta perfecta para consolidarnos a nivel local. Por ejemplo, el gobierno por primera vez en su historia en el 2019 autorizó a Khiron Colombia cultivar y manufacturar con fines comerciales (cupos de uso nacional) extractos psicoactivos de cannabis. Estos extractos serán la única materia prima licenciada en el país para fabricar los primeros productos medicinales. Este avance regulatorio es un hito histórico que construye una nueva realidad para los pacientes que necesitan de estos productos y debería ser un motivo de orgullo para todos.

Falta poco para cambiar la realidad de millones de pacientes que han vivido por años con patologías tratables por medio del cannabis medicinal. Tan pronto el Invima agende las primeras visitas y habilite laboratorios con buenas Prácticas de Elaboración, los productos legales (preparaciones magistrales) podrán responder a las necesidades de los pacientes.

Ahora bien, otros procesos aún son injustificadamente lentos y hay que jugársela por ajustes institucionales. Por ejemplo, la asignación de cupos ordinarios en el 2020, la modificación de la resolución 1478 que debería habilitar a las droguerías para la dispensación y distribución de preparaciones magistrales, o la modificación del decreto 613 que busca aumentar los parámetros de control para futuros licenciatarios. Si los procesos citados son gestionados y materializados, estaremos frente a un ejemplo idóneo de administración pública.

Estamos con el pan en la puerta del horno. Tenemos las instituciones ideales para materializar la regulación, los funcionarios preparados y una reiterada voluntad política. Sólo falta que este sector cuente con trámites eficientes y que podamos sentirnos orgullosos como nación de contar una historia de éxito, en donde el trabajo público privado genere progreso, lo que en otros países es lo normal, más que la excepción.