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Establecer sinergias institucionales es una práctica transversal a la madurez empresarial, la geografía comercial o el renglón económico que se pueda pensar. Indistintamente del grado de desarrollo que experimente una compañía, los convenios tienen la particularidad de favorecer el andamiaje organizacional y ampliar las posibilidades de negocio.

Para el caso de las empresas emergentes, como las del sector del cannabis medicinal, por ejemplo, este ejercicio no es solo una posibilidad; es una necesidad real, que puede determinar la capacidad de operación, la viabilidad financiera, el dinamismo comercial e, incluso, el ritmo de desarrollo normativo para el mercado en general.

Teniendo en cuenta las sensibles necesidades socioeconómicas que está enfrentado Colombia por cuenta del actual contexto -sin mencionar las implicaciones futuras que supondrá el resto de la pandemia-, reconocer la capacidad de dicha industria para jalonar la reactivación productiva nacional podría ser el último empujón para alcanzar la sintonía profunda entre gobierno y sector, que desde años se viene procurando.

Y es que, aunque las estimaciones que han realizado Fedesarrollo y algunas consultoras económicas sobre el potencial del cannabis medicinal son bien conocidas en el país: sobrepasar la generación de empleo de rubros tradicionales, diversificar y ampliar la matriz exportadora, e incrementar el recaudo fiscal en cerca de $1 billón, entre otras, lo cierto es que este negocio sigue sin tener la celeridad regulatoria necesaria para capitalizar su ventaja competitiva, especialmente de cara al ejercicio exportador.

Dicho esto, vale resaltar que los principales logros que ha tenido la industria en los últimos años han llegado de la mano del trabajo articulado con las instituciones gubernamentales afines. Muestra de esto es la primera exportación de semillas de cáñamo desde Colombia, que se logró a inicios del pasado mayo, gracias a la disposición del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Subdirección de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes, del Ministerio de Justicia; y la Dirección de cadenas agrícolas y forestales, del Ministerio de Agricultura.

Ahora bien, las alianzas estratégicas, que se calcula que han venido creciendo con una tasa anual de alrededor del 25% -según un artículo para Pyme publicado por Scotiabank Colpatria-, no se limitan al trabajo conjunto con entidades públicas; de hecho, dado el enfoque científico que tiene el cannabis medicinal, la academia también constituye un soporte esencial para el crecimiento del mercado. Este es el caso de la cooperación que estableció la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Avicanna, en la que, a partir de la importación de una muestra de CBD de alta calidad, está desarrollando una monografía completa del cannabis para regular su uso en la Argentina.

Así las cosas, en medio de esta coyuntura, la labor contigua con la regulación nacional se perfila como una vía para elevar la competitividad de uno de los sectores que más puede apalancar el crecimiento del país. Para esto, es importante adaptar las exportaciones de cannabis a los requisitos del país importador; pues como bien lo decía Simón Gaviria Muñoz en una de sus columnas: el reto no es producir, es vender.