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La Procuraduría General de la Nación (PGN) está a la espera de las respuestas de diferentes funcionarios en el sector agro. Esto, por un hallazgo en el que determinaron que hubo incumplimientos en la entrega de viviendas que se debieron oficializar a campesinos, luego de que así lo determinaran los jueces.

Para entender el llamado de atención de la PGN, en un informe explicaron que “de 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria, entidad ejecutora de los subsidios de vivienda rural, presenta un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento de 93% a las órdenes judiciales en esta materia”.

Esto quiere decir, que despachos de jueces ordenaron que se agilizara la entrega de viviendas a familias y campesinos que fueron víctimas del conflicto o de despojos de tierras. Pero pese a esos fallos, hubo demoras para que esas personas se vieran beneficiadas con esa política.

Hasta el momento, el organismo de control justificando una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, solicitó a la presidente encargada de Fiduagraria, María Cristina Zamora Castillo, entregar detalles de cómo se ha avanzado en la entrega de las viviendas.

Igualmente, pidió información al presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, para determinar, según él, qué pudo haber llevado a las demoras en la entrega de esas viviendas.

LOS CONTRASTES

  • María Fernanda Cepeda GómezDir. Bienes Públicos Minagricultura

    “La política de vivienda rural, por rezagos que quedaron desde el Gobierno pasado, presentó unas demoras y tuvimos que hacer modificaciones para su mejora”.

Hasta el momento, la respuesta del Ministerio de Agricultura, es que “tuvimos que hacer unos ajustes institucionales. Cuando llegamos en 2018, había un rezago de 36.000 viviendas, había retrasos en casos puntuales como más de 1.000 subsidios que presentaban demoras. Había normativas a realizar”, explicó María Fernanda Cepeda Gómez, directora de Bienes Públicos del Ministerio.

Según la funcionaria esto generó los cambios en fechas de entregas de esas viviendas que estaban con prioridad de parte de jueces. Sin embargo, señaló que por eso mismo ya se está trabajando en ellas, y que un grupo de esos predios se entregará entre 2020 y 2021.

Hay que recordar que la política de vivienda rural ha tenido una serie de cambios a nivel administrativo. Precisamente, fue el año pasado cuando en el Plan Nacional de Desarrollo quedó que gran parte de este programa pasaría a manos del Ministerio de Vivienda, luego de que 100% de las funciones eran del Minagricultura.

Así, hoy en día la financiación de propiedades VIS está a cargo del Ministerio de Vivienda; mientras que la financiación de proyectos productivos y los fallos para víctimas del conflicto está a cargo del Minagricultura a través de entidades como Fiduagraria.

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