Y es que el eterno olvido de la población campesina en las políticas públicas nacionales ha impedido hacer una verdadera caracterización de la población rural que debería ir acompañada de la provisión de bienes públicos, seguridad, infraestructura, tecnificación, sistemas de riego y educación rural.
La ausencia de estadísticas en torno al campo colombiano es un reflejo claro de la falta de reconocimiento y de interés que en los campesinos y en su condición ha tenido el Estado.
Lo cierto es que la cura que necesitan los pequeños y medianos productores, quienes labran diariamente la tierra, no da espera. La protesta campesina le recordó no solo al Gobierno sino a todos los colombianos que llegó la hora de saldar cuentas con quienes han palpado de frente las inclemencias del conflicto armado que ha cobrado la vida de miles de campesinos.
La respuesta de los ciudadanos no debe ser otra a la de una manifestación de solidaridad sincera. El campo colombiano y sus habitantes (de cada 100 colombianos, 15 son campesinos) tiene que dejar de ser la cenicienta y convertirse en un tema prioritario en la agenda económica, política y social del país.
Una verdadera política agraria será la tarea de grandes proporciones del Estado y debe comenzar ya.