Nuestro país produce uno de los biocombustibles más limpios y eficientes del planeta, generado a partir de caña de azúcar. Reduce 74% de las emisiones de CO2 comparado con la gasolina. Es renovable y producido aquí, por manos colombianas, en tierras que llevan más de un siglo y medio contribuyendo al desarrollo de esta región.
Hace parte de un clúster agroindustrial que emplea directa e indirectamente a más de 286.000 familias. En 2025, la agroindustria de la caña produjo 445 millones de litros de bioetanol y, entre 2022 y 2025, este oxigenante aportó 54% del cumplimiento de la meta nacional de descarbonización del Plan Nacional de Desarrollo, lo que evitó más de 3 millones de toneladas de CO2.
A pesar de estos resultados, el bioetanol nacional que cumple los objetivos de la Ley 693 de 2001 (seguridad energética, empleo rural y saneamiento ambiental) está a punto de desbordarse. Las destilerías acumulan cerca de 45 millones de litros en inventarios, equivalentes a un mes y medio de producción, aún cuando la mezcla obligatoria se mantiene en 10%.
Y el problema es mayor de lo que parece. La producción de etanol está integrada con la de azúcar y con la cogeneración de energía. Si se frena el etanol, también se afectan la producción de 2,2 millones de toneladas de azúcar al año y la generación de 1.980 GWh de energía eléctrica renovable a partir de bagazo de caña.
Hoy se está produciendo para no vender. Y no es por la electrificación del parque automotor, que en nuestro país apenas representa 1,03%. Es un problema de reglas de abastecimiento. Quienes deben comprar el producto nacional prefieren importarlo.
El etanol importado es necesario para complementar la demanda y dar estabilidad al abastecimiento. Lo que no puede ocurrir es que termine desplazando al nacional. Están en riesgo 28.000 empleos directos en siete plantas ubicadas en el suroccidente del país y en Puerto López, Meta, todas cumpliendo con creces los objetivos de la ley.
93% de los trabajadores en estas plantas tiene empleo formal y permanente, con salarios por encima del promedio industrial. En nuestra ruralidad, donde la informalidad supera 80%, ese empleo se convierte en una verdadera muralla de contención frente a la ilegalidad y en motor de economías locales.
En municipios del norte del Cauca, esta actividad representa hasta 72% del recaudo municipal. En el Valle del Cauca, la agroindustria de la caña aporta 21,1% del PIB agrícola y 10,2% del PIB industrial. También impulsa proyectos productivos de café, cacao, arroz y panela en territorios complejos en materia de seguridad, como el norte del Cauca, mediante una alianza entre comunidades, el Ministerio de Agricultura y los ingenios azucareros.
La solución no es excluir el etanol importado, que cumple un papel complementario en el abastecimiento. De ninguna manera. Se requiere coherencia en las reglas del programa para que el bioetanol nacional participe de manera efectiva en el mercado interno. Para ello es necesario ordenar el abastecimiento, reconociendo que la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda total.
La transición energética no puede convertirse en una transición que debilite la producción renovable nacional. Ese nunca fue el propósito cuando se creó este programa.
Tampoco se puede hablar de paz territorial mientras se afecta el empleo formal en regiones vulnerables. Y mucho menos de justicia social mientras se erosiona una estructura productiva que financia municipios, sostiene comunidades y aporta estabilidad a los territorios.
