¡Ojalá que en materia de tierras ya no sea tarde!

El Gobierno de Gustavo Petro ha querido sistemáticamente invadir los terrenos de la propiedad privada rural en Colombia. Nuestra opinión no es sesgada si uno hace un recuento de varios elementos.

El primero de ellos es el Decreto 033 del 2025. En este acto administrativo se definen 82 municipios en varios municipios de la Costa Caribe, Santander y Antioquia. En esos municipios, cuando se va a vender una propiedad rural, antes de firmar la promesa de compraventa, se debe dar aviso a la Agencia Nacional de Tierras para que esta ejerza derecho preferente de compra en caso de tener interés sobre el predio. Si el propietario llegara a deshacer el negocio, se aplican los mecanismos de expropiación definidos en la ley 160 de 1994, la ley de "reforma agraria".

En segundo lugar, están las Zonas y Áreas de Protección para la producción de alimentos (Zappas y Appas). Fueron introducidas por el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida". Basadas en unos polígonos y estudios técnicos elaborados por la Unidad Rural de Planeación Agropecuaria (Upra), buscan reservar suelos y áreas de producción en diferentes municipios exclusivamente para la producción alimentos, teniendo como base el supuesto de la "escasez" de estos suelos en el país, lo que podría causar una crisis alimentaria en un futuro.

Y el tercer elemento al que quiero hacer referencia es al proyecto de ley en trámite en la Cámara de Representantes para crear la "Jurisdicción agraria". Esto es un cuerpo de jueces que se encargarían de resolver los conflictos y diferencias por tierras en el país.

En términos muy sencillos y objetivos, los 3 elementos arriba descritos no tienen otro objetivo que afectar la propiedad privada rural. Los 2 primeros han desvalorizado las tierras en los municipios donde se están aplicando. He conocido incluso casos de notarios que han querido obligar a ofrecer propiedades que no están en el proyecto piloto.

Las Appas vienen desconociendo las realidades productivas de los municipios, afectando, además del valor de las propiedades, la generación de empleo de actividades de antaño productivas en esos municipios; claro caso el de Sopó en Cundinamarca y los municipios del suroeste antioqueño. Desconocen además la realidad general productiva de nuestro agro, que posee una frontera agrícola de 42 millones de hectáreas y solo alrededor de 6 en producción.

Y la Jurisdicción Agraria, en debate actual en el Congreso, en la cual se pretende obviar la doble instancia a la que hay derecho por cualquier colombiano en los procesos judiciales en Colombia, dándole a un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras la capacidad de definir varios procesos en materia de controversias de tierras; entre ellos los baldíos. Por experiencia propia conozco del alto grado de ideologización hacia la izquierda de esta institución. ¡¿Se imaginan lo que puede suceder en adelante sin esa garantía de la doble instancia?!

Esto me trae a la memoria las palabras de Ana Corina Machado en representación de su madre en la entrega del Nobel de Paz en Oslo: “Cuando comprendimos lo frágiles que se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde”. ¡Ojo, Colombia, ojalá que en materia de tierras ya no sea tarde!

Nota: Conmovedora la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado, algo que sentimos como nuestro.