Carta abierta a Indalecio Dangond: Manifiesto por la defensa del agro

Señor Ministro, por más de dos décadas, quienes seguimos de cerca la realidad del campo hemos encontrado en sus análisis y columnas un faro de sensatez técnica y defensa de la ruralidad. Hoy, su llegada al Ministerio de Agricultura como parte del gabinete de Abelardo de la Espriella despierta una enorme expectativa. Usted no es un teórico de escritorio; conoce como pocos la incertidumbre que afecta la actividad y la urgencia de las reformas estructurales.

El agro colombiano no da más esperas: exige garantías básicas para producir, invertir y trabajar dentro de la legalidad. Para responder a este clamor, es indispensable que el Plan Nacional de Desarrollo defina principios, políticas públicas y metas clave respaldadas con recursos presupuestales. Desde Procaña, le proponemos abordar esta gestión bajo las banderas de un Manifiesto por la Defensa del Agro que cobija los siguientes objetivos:

En primer lugar, hay que trabajar por la seguridad física de la población y las tierras. Para ello, urge un plan de choque en los primeros 100 días. El desastre de la "Paz Total" dejó a nuestros productores a merced de la criminalidad. Recuperar el control del suroccidente colombiano es una prioridad de supervivencia nacional. Los productores y poblaciones no pueden seguir sometidos a grupos armados y a la invasión sistemática de tierras.

Durante este período, apremia establecer una mesa de trabajo interinstitucional para atender la dramática situación de 777 proveedores de caña del Ingenio La Cabaña. Hablamos de colonos con parcelas que apenas superan 2 hectáreas promedio, en Guachené, Padilla, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto y Caloto, quienes, tras la liquidación del ingenio, están atrapados en la ruina y sin alternativas para generar ingresos. No se puede desbaratar el tejido social dejando a merced de economías ilícitas a estos productores y sus familias. Estimamos que, sumando a los entornos familiares y a los 3.200 empleados directos e indirectos del ingenio, los afectados rondan las 22.000 personas en total.

En segundo lugar, debe propenderse por la seguridad jurídica contra el ahogo fiscal. La propiedad privada legítima y la estabilidad de las reglas de juego son el motor de la inversión rural. Hoy, los avalúos catastrales y el impuesto predial se han vuelto confiscatorios. Es urgente la derogación de la Resolución 2057 de 2025 del Igac. El catastro multipropósito debe recuperar su enfoque de formalización y dejar de ser un castigo tributario desproporcionado para quien trabaja la tierra.

Finalmente, exigimos fortalecimiento comercial y respeto por las realidades territoriales. Nuestra producción requiere defensa comercial firme frente a importaciones desleales, reducción de sobrecostos e instrumentos reales de gestión del riesgo. Las políticas públicas deben construirse desde las regiones, con criterios técnicos y escuchando activamente al sector productivo.

Señor Ministro, usted siempre ha sostenido que el agro se defiende con hechos, crédito y títulos seguros. Confiamos en que la firmeza de sus posturas se traduzca ahora en las decisiones que salven al campo colombiano. Muchos éxitos en su gestión.