Agricultura

Decreto 1191 de noviembre de 2025 podría poner en riesgo a más de 4.000 familias

Podría impactar en los proyectos productivos de más de 10.000 hectáreas, poniendo en riesgo la economía y soberanía alimentaria
Valentina Rodríguez Chacón
16 de diciembre de 2025
La demanda de nulidad es un llamado a brindar una seguridad jurídica real a los colombianos, en la que puedan confiar sus inversiones con respecto a reindustrialización
Fedemaderas

La Federación Nacional de Industriales de la Madera, junto con el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

El decreto establece que el Estado podría vender bienes que se encuentran en las partes iniciales de un proceso judicial, lo que pondría en riesgo la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el debido proceso. Esto a la vez que contradice el objetivo del Fondo para la Reparación de Víctimas. Expone entonces a más de 4.000 familias a perder sus predios y proyectos productivos de más de 10.000 hectáreas.

Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas, afirmó que “la economía forestal en Colombia afronta desde hace varios años un gran dilema. De un lado, somos un país con una muy alta aptitud forestal, lo que permitiría dinamizar una bioeconomía maderable con inigualables ventajas competitivas frente a otros sectores económicos de naturaleza no renovable".

Sin embargo eso no se ha reflejado en la realidad económica del sector. pues el aporte al PIB no llega a ser de 1%. La construcción en madera, por su parte, abarca menos de 2%, haciendo que el consumo per cápita sea menor a 0,15 m3 al mes. Todo se traduce en un déficit en la balanza comercial de más de US$923 millones.

Vásquez añadió que “nuestro llamado es a que las decisiones públicas se adopten con estricto respeto por la Constitución, la ley y los derechos de quienes han trabajado durante años por sacar adelante el campo y los proyectos forestales del país”.

Esto es un llamado a brindar una seguridad jurídica real a los colombianos, en la que puedan confiar sus inversiones con respecto a reindustrialización. Además, a actuar teniendo en cuenta a la sociedad y economía rural, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible tanto de regiones como del país en general.

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