Expresidente de la Corte Constitucional se refirió sobre la seguridad para el desarrollo

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El expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, dio su intervención en la LIII Asamblea Anual de Afiliados Procaña de 2026. Donde se refirió sobre el "análisis sobre la seguridad jurídica y el marco constitucional necesario para la inversión y el desarrollo rural".

Ibáñez resaltó allí el momento que vive el campo colombiano, considerado como una de las agroindustrias más importantes en la historia económica del país.

Aseguró que la industria de la caña de azúcar ha sido un motor de desarrollo regional, además de una fuente de empleo formal, un actor determinante en la seguridad energética a través de los biocombustibles y un componente fundamental de la estabilidad económica en amplias zonas
del país, especialmente en el suroccidente colombiano.

El expresidente Ibáñez también se refirió sobre la seguridad en el país y señaló que sin esta no hay desarrollo, ni comercio sostenible, ni inversión. Hizo énfasis en que la seguridad no se decreta, sino que se construye, y se construye cuando el Estado, la empresa y la sociedad actúan juntos.

Discurso del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar

"Señoras y señores:

Reciban un cordial saludo.

Es para mí un honor participar en este encuentro de la Asociación Procaña, un espacio que convoca a uno de los sectores más representativos de la historia económica, social y territorial de Colombia: la agroindustria de la caña de azúcar.

Quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Procaña por esta amable invitación y saludar de manera especial a sus directivos, a los representantes de los ingenios azucareros, a los productores, trabajadores del sector, autoridades públicas, y a todos los asistentes que hoy nos acompañan.

Este encuentro se desarrolla en un momento particularmente relevante para el campo colombiano y para una de las agroindustrias más importantes de nuestra historia económica. La industria de la caña de azúcar ha sido durante décadas un motor de desarrollo regional, una fuente de empleo formal, un actor determinante en la seguridad energética a través de los biocombustibles y un componente fundamental de la estabilidad económica en amplias zonas del país, especialmente en el suroccidente colombiano. Sin embargo, al igual que buena parte del sector rural nacional, hoy enfrenta desafíos profundos derivados de las presiones competitivas del mercado internacional, los efectos del cambio climático y, de manera especialmente preocupante, el deterioro de las condiciones de seguridad en múltiples territorios.

En efecto, en distintas regiones del país persisten fenómenos que amenazan gravemente la estabilidad del aparato productivo rural: expansión de economías ilícitas, presencia de grupos armados organizados, extorsión, invasión de tierras, bloqueos a corredores logísticos, afectaciones a la movilidad y crecientes niveles de incertidumbre regulatoria. Estos fenómenos no afectan únicamente a los grandes productores; impactan también a los trabajadores rurales y comprometen la capacidad del país para atraer inversión, generar empleo formal y garantizar seguridad alimentaria. Esta intervención se fundamenta en una premisa clara: sin seguridad no hay desarrollo, ni comercio sostenible, ni inversión posible. Pero esa seguridad no se decreta; se construye. Y solo se construye cuando el Estado, la empresa y la sociedad actúan juntos. Por eso, así como la seguridad es condición del desarrollo, la cooperación es condición de la seguridad".

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