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Durante las últimas semanas se han agravado las denuncias por invasiones a predios privados y públicos en zonas rurales que se han venido presentando a lo largo y ancho del país. Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguró en diálogo con La FM que esta problemática se resuelve mediante un diálogo en el que participen personas que tienen grandes extensiones de tierras, el Gobierno Nacional, las autoridades locales, regionales, la ANT, el MinAgricultura y las CAR.

“Es una responsabilidad que estas autoridades debemos asumir para resolverlo de manera dialogada; la autoridad no se impone, se construye. Por eso el ministro del interior ha venido orientando, liderando unas mesas con esas personas para hablar, escuchar, muy pronto daremos unos anuncios sobre este tema de adjudicación de tierras”, señaló.

El funcionario aseguró que Colombia cuenta 114 millones de hectáreas y que 65% del sector rural no está formalizado. “No se sabe a ciencia cierta quienes son los propietarios, ocupantes o poseedores, eso genera un fenómeno de inestabilidad jurídica, y por eso se está hablando del catastro multipropósito, una solución que ubique quienes son esas personas y qué vocación tienen las tierras, en qué estado se encuentran, si tienen servicios públicos, vías de acceso, entre otras. Ese es parte del problema estructural”.

Vega señaló que hay un planteamiento de que la autoridad y la Fuerza Pública intervenga, “pero esto no se soluciona con gases lacrimógenos, ni a bolillazos, hay que atender el problema de a fondo, no le podemos cargar a la Fuerza Pública una responsabilidad y una carga que no es de ellos”.

El director aseguró que hay unas nuevas invasiones que son de hace pocos días y otras que son históricas, “que vienen de tiempo atrás, que tienen entre 10 y 15 años y que se manifiestan y que salen frente a una expectativa que hay sobre la reforma rural y frente a esos hechos. La gente se crea expectativas y entonces procede de esa manera ante una falta de programas públicos que de tiempo atrás vienen acumulados”.

¿Entonces cómo deben proceder las personas en caso de ser víctimas de invasión de tierras?

Según el director de la entidad, hay una legislación vigente que afirma que se debe hablar con los inspectores de Policía, con las Alcaldías y la Fuerza Pública dentro de un tiempo determinado.

“Si en los 30 días siguientes no se toma una decisión sobre el asunto, la Fuerza Pública y el inspector de Policía tiene que decidir. Hay un fenómeno más allá, no hay jurisdicción agraria, todos pedimos que la justicia se acerque pronto para todos, y en el campo sí que es lenta, un proceso judicial que lo conocen los jueces civiles demora 15 o 16 años en resolver, cuando estuvo la ley de justicia y paz en ocho años se tramitaba un proceso de esos, ahora se demora tres años con la ley de restitución de tierras”, agregó.

¿Qué plantean desde la entidad?

El director señaló que se han planteado tres cosas; la entrega o adjudicación de tierras de tres millones de hectáreas a campesinos que no tienen predios o que los poseen de manera insuficiente para hacer de ellos un proyecto productivo; siete millones de tierras formalizadas, campesinos o propietarios que no tienen títulos; y el catastro multipropósito, aspecto central de la reforma rural que va a adelantar el Gobierno.

“Ni ocupaciones, ni invasiones, ni gente armada, ni convivir, ni grupos de derecha, esa historia ya está repetida en Colombia y no tiene sentido que se vuelva a repetir, eso es lo que fundamentalmente con el tema de las invasiones”, agregó.

También manifestó que se debe incluir en el desarrollo de este tema la justicia agraria, ya que la gente tiene derecho a que le protejan las propiedades y “deben buscar el reconocimiento ante las autoridades de manera pronta y rápido, pero las otras personas también derechos”.

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