Se radicó proyecto de ley para derogar el artículo en el que se establecen las Appa

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En el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley "Por medio del cual se deroga el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y se dictan otras disposiciones". Quienes lideran el proyecto, sostienen que las Appa vulneran la autonomía, pues en el artículo 313.7 de la Constitución se establece que cada municipio tiene la competencia para emplear y regular los suelos del territorio.

En el documento se indica que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 “resulta inconveniente para el desarrollo económico del país y vulnera múltiples normas del ordenamiento jurídico colombiano, tanto en el plano procedimental como en el sustantivo”. Esto haciendo referencia a los artículos 58, 333, 287 y 16 de la Constitución política, que establecen los principios y derechos fundamentales de la propiedad privada, la libertad de empresa, la autonomía territorial, la participación ciudadana y el libre desarrollo de la personalidad, respectivamente.

Se sostiene que “aunque las Appa se presentan como un instrumento para garantizar la producción agroalimentaria, en la práctica introducen una forma de planificación centralizada que impone restricciones al uso del suelo y limitaciones al derecho a la propiedad privada y a la autonomía de los entes territoriales”.

El proyecto añade que “al estar sujetas a una zonificación rígida y al tener un 'valor normativo' superior a las decisiones municipales y distritales, las Appa subordinan la planificación territorial local a criterios definidos desde el nivel central, que pueden no considerar adecuadamente las particularidades productivas, culturales y sociales de cada región. De este modo, su inclusión obligatoria en los planes de ordenamiento territorial ignora el principio de descentralización y puede crear incentivos negativos que dificulten la diversificación de producciones, la inversión y la innovación en el campo".

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Por el momento, se han declarado como Appa nueve municipios de La Guajira, 11 de la Sabana Centro-Cundinamarca, 23 del suroeste antioqueño, ocho de la Cordillera Norte Occidental-Tolima, 21 de Córdoba y dos de Santander. Todo por medio de las resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024, 507 de 2023, 266 de 2025, 377 de 2024, 352 de 2024, 242 de 2025 y 269 de 2025. Además, se adelantan procesos para la declaración de Caramanta, Concordia y Venecia-Fredonia en el suroeste antioqueño; Nemocón y Tenjo en Cundinamarca.

Retomando el texto del proyecto, se menciona que no hay claridad en varios factores de estas declaraciones, entre estos las características que hacen que un territorio sea óptimo para el programa, además de cuál es la participación que tienen las entidades territoriales en dichos procesos. Se dice que "la única referencia normativa sobre quién es competente para definir el procedimiento de delimitación geográfica de las Appa se encuentra en el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 2294. Este señala expresamente que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) son las entidades responsables de establecer el procedimiento para 'el desarrollo, actualización y disposición de la información documental técnica, jurídica y geoespacial de las determinantes'".

Esto ha despertado varias reacciones y críticas, entre las cuales está la de Lorena Garnica, experta en ordenamiento territorial, quien comentó que “el gobierno sí tiene unas funciones subsidiarias y concurrentes respecto a las funciones de las entidades territoriales. Podría generar unas competencias que apoyen a las entidades territoriales, y generar una asistencia técnica territorial asertiva. En su lugar, lo que se decidió fue invadir las competencias de los municipios, y es justo ahí donde encontramos ese punto de quiebre, en el que las entidades territoriales no se sienten cómodas con los usos del suelo que se están definiendo”.

Garnica añadió que el artículo referente a las Appa “manda un mensaje equívoco, y es que el Gobierno Nacional puede a su criterio invadir competencias de las entidades territoriales si no está de acuerdo con la forma en la que las ejercita“.

Por su parte, Wilson Dario Molina, alcalde de Amagá, Antioquia, agradeció a los representantes a la Cámara y senadores que lideran el proyecto de ley, pPues hacen parte de quienes conocen un poco de las realidades de los territorios y de la manera en que las Appa están impactando en ellos. Afirmó que “con gran preocupación vemos cómo el Gobierno Nacional quiere imponer mediante las Appa unos polígonos que están afectando a los municipios”.

Andrés Forero, representante de Centro Democrático, comentó que “consideramos que el Gobierno Nacional en ese artículo está inmiscuyéndose, está pasando por encima de la autonomía de los entes territoriales para definir la vocación productiva de sus territorios. Por esa razón estamos planteando que se elimine ese artículo. Estamos convencidos de que el país tiene que preservar produciendo y producir preservando”.