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Los retos de la economía colombiana en el agro en los próximos años son inmensos. Esos retos tienen que ver con el desarrollo rural integral previsto por el Acuerdo Final de Paz, crucial para la consolidación de la paz y el desarrollo en Colombia.

A partir de este desarrollo rural integral, los desmovilizados así como los pequeños campesinos con quienes seguramente convivirán en las áreas afectadas deberían lograr un ingreso decoroso, legal, que les permita una vida digna y los asiente en la tierra. Solo así se minimizaría las tentaciones de ingreso fácil a partir de actividades ilegales.

El desarrollo rural integral podría desarrollarse a través de grandes proyectos en grandes extensiones, o de pequeñas propiedades. Lamentablemente, los ingresos de los campesinos que se derivan de esas actividades son reducidos.

Ello no ocurriría si parte de las utilidades de las grandes plantaciones son compartidas con los trabajadores como una remuneración por productividad. O en el caso de los pequeños propietarios las utilidades de esas últimas etapas del proceso productivo son apropiadas por los campesinos porque son desarrolladas a través de cooperativas u otro tipo de empresas de su propiedad.

Es importante asegurar este encadenamiento productivo, que permita llegar del productor rural al consumidor urbano directamente, como una manera de garantizar la rentabilidad de las actividades primarias en las pequeñas propiedades.

De tal modo, para que las actividades primarias sean exitosas, asociados a las mismas deberían desarrollarse una serie de proyectos de inversión complementarios. Estos proyectos podrían ser, por ejemplo: la construcción de un matadero para el sacrificio de animales, la construcción de una planta de embutidos o de transformación de cacao, la construcción de depósitos y la instalación de maquinaria para embalar frutas, así como la construcción de pequeñas plantas de energía o infraestructura  de recursos hídricos, que sirvan a los proyectos anteriores.

El éxito del desarrollo rural integral, es decir de las actividades económicas legales en el sector agropecuario y de sus proyectos complementarios, depende de una serie de factores muchos de los cuales van más allá de las voluntades y de los esfuerzos de dichas personas. Para el efecto, las universidades y la cooperación internacional deberían proveer asistencia técnica apropiada, particularmente en los aspectos organizativos de esos proyectos de inversión conexos. La cooperación podría también proporcionar financiamiento para el desarrollo de los proyectos.

Pero lo que resulta crucial es que las políticas económicas nacionales (monetarias, fiscales y regulatorias) rentabilicen al sector rural. Eso exige medidas de política económica que induzcan una tasa de cambio elevada y sostenida, financiamiento adecuado para actividades y proyectos a tasas de interés reducidas compatibles a nivel internacional, inversiones fiscales para la construcción de vías de segundo y tercer nivel y comunicaciones que permitan contactar a los productores y sus áreas de intervención con los mercados de manera eficiente, y una asistencia técnica apropiada para mejorar la productividad y la organización empresarial de esos productores. ¡Una gran tarea!.