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Este “acuerdo histórico” genera esperanza para el golpeado sector agrario colombiano, ya que ofrece oportunidades para lograr una mayor integración al comercio internacional y un mayor nivel de crecimiento. Sin embargo, estos avances no servirán de nada mientras no se solucionen los problemas estructurales que agobian al sector.

En los últimos años, la rama económica que integra la actividad agropecuaria, silvicultura, caza y pesca perdió participación dentro del PIB total en Colombia, al pasar de 8% en 2000 a 6% en 2014. Así mismo, el uso del suelo para la producción de bienes agrícolas se redujo en 2,9% entre 2011-2014, mientras que, las importaciones de alimentos y materias primas registraron un crecimiento en volumen de 9,3% y en valor de 6,3%, entre enero y septiembre de 2015. Estas cifras del PIB del sector señalan la inestabilidad en crecimiento en los últimos años y presentan fuertes picos de desaceleración en 2010 (-2,3%) y 2012 (-0,7%).

El agro también se enfrenta a las difíciles condiciones climáticas y al aumento en los costos de los insumos derivados de la devaluación. Pero además de la situación coyuntural, hay problemas estructurales que los productores deben solucionar. Primero, en la cadena de valor, los intermediarios son quienes obtienen el mayor beneficio de la actividad, en la mayoría de subsectores el sistema oligopólico le permite a estos tener poder de mercado, de tal manera que compran los productos a precios tan bajos que desincentivan la producción; segundo, del punto anterior se deriva el origen de un círculo perverso difícil de extinguir: al obtener rendimientos financieros tan bajos, los productores no cuentan con recursos suficientes para mantener una estructura administrativa y financiera adecuada, y menos aún con el nivel tecnológico requerido para su desarrollo y crecimiento. Tercero, los altos costos en transporte debido a la infraestructura vial no les permiten el acceso a los principales centros de comercialización; y cuarto, la formación en capital humano en este sector es muy baja.

Así las cosas, es importante hacer un llamado a las autoridades gubernamentales, para que no sólo se preocupen por aumentar el número de programas de asistencia, sino que incorporen en éstos un plan riguroso para evaluar el impacto real de los que se lleven a cabo. El desperdicio en recursos es enorme, debido a la ausencia de diagnósticos completos que permitan soluciones adecuadas. Adicionalmente, se requiere una política de incentivos, pero no sólo financieros sino también en formación, que generen conciencia sobre la importancia del campo y su aporte a la humanidad al garantizar la seguridad alimentaria.