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La Convención Cites, acuerdo internacional establecido para garantizar que el intercambio comercial de especies de flora y fauna no termine generando su extinción, es una de las regulaciones que por cuenta de interpretaciones y trámites excesivos afecta la posición competitiva de Colombia.

Este acuerdo entró en vigor en 1975 y a la fecha cuenta con más de 180 naciones que comparten una visión común en torno a la protección de unas 35.000 especies de animales y de plantas. En algunos casos, el comercio de ciertas especies está prohibido (Cites) y en otros, está sujeto a regulación para garantizar que sea legal y sostenible (No Cites). 

A pesar de los esfuerzos estimaciones globales indican que el tráfico ilícito de especies silvestres podría llegar a los US$30.000 millones anuales, una cifra superada solamente por el tráfico de armas y de drogas.  Este comercio ilegal abarca animales y plantas, pero también productos derivados como alimentos, cueros y pieles, entre otros. 

En relación con el comercio de plantas, debemos remontarnos a las épocas de expansión del imperio inglés y a las no pocas incursiones de las flotas holandesas en varias latitudes. Los ingleses fueron probablemente los primeros en extraer orquídeas de los bosques de Tailandia, variedades que una vez sustraídas terminaron engrosando colecciones privadas en la Inglaterra victoriana. El comercio global de plantas ornamentales lo terminaron impulsando posteriormente los holandeses y en la actualidad son la potencia en lo que al desarrollo de material vegetal se refiere. 

Muchas de las especies que se comercializan tuvieron sus orígenes en bosques tropicales.

Estos procesos, que se dieron varios siglos antes de la entrada en vigencia del Cites, no son del todo tan negativos. Por un lado, han permitido la conservación de muchas especies de flora y por el otro, han entregado al comercio global, para el disfrute de la humanidad, plantas híbridas sin afectar las originales o llevarlas a su extinción.  

Otra cosa muy distinta es la interpretación y la operatividad de las regulaciones que se maneja al interior de las organizaciones relacionadas con los temas ambientales en Colombia. Este tipo de certificaciones han terminado siendo un cuello de botella para quienes quieren trabajar de forma legal en el país. Cuando se trata de plantas híbridas el Gobierno no cuenta con una sola instancia, un conducto regular de verificación, y los productores deben demostrar lo mismo una y otra vez ante el Ministerio del Ambiente, la Anla, el ICA, las Corporaciones Regionales y las organizaciones como el Dama. 

El certificado “No Cites”, por ejemplo, es exigido para garantizar que el material vegetal a importar no haya sido extraído de la flora silvestre y es un procedimiento en cierta manera engorroso para los productores de plantas tropicales que no son originarias de Europa y su extracción del medio silvestre en el hemisferio norte es imposible. 

Por supuesto, hay que hacer las cosas correctamente y hay que facilitarles el trabajo a los funcionarios directamente involucrados, pero la cantidad de regulaciones y de procedimientos, y sobre todo la falta de comunicación intergubernamental, erosiona la capacidad competitiva del país. Resalto las palabras del agrónomo Juan H. Espejo: “Colombia es una máquina de metabolizar”. 

Si bajo esta perspectiva se empezara a revisar la excesiva tramitología, el Gobierno encontrará que hay un inmenso potencial por desarrollar y podríamos ser la Holanda del Hemisferio Occidental al darle un verdadero impulso a la producción de plantas y ornamentales con todo el criterio de legalidad y de sostenibilidad que demanda esta iniciativa.

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