Del campo al bombillo

Durante años, la conversación sobre energías renovables en Colombia ha girado en torno a la solar, la eólica y por supuesto a la movilidad eléctrica. Sin embargo, en el corazón del campo, diversas agroindustrias han venido demostrando que es posible producir energía limpia a partir de sus propios residuos, con tecnologías accesibles y alto impacto en sostenibilidad, productividad y eficiencia energética.

No son cuentos o imaginarios. Hoy, el cisco del café se utiliza como combustible en calderas; la cascarilla del arroz aporta energía térmica en molinos; los residuos de la palma generan biogás para la producción de energía eléctrica; las cáscaras del cacao, dado su enorme poder calorífico, son aprovechadas para la obtención de vapor.

La agroindustria de la caña ha venido generando electricidad desde hace décadas a partir del bagazo y podría producir biometano para inyectarlo a la red domiciliaria o para transporte, siempre que la política pública facilite su desarrollo.

Estos avances son estratégicos. La generación distribuida desde el agro (producción de energía eléctrica a pequeña escala, cercana al lugar de consumo y distinta de las grandes centrales) permite diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Países como Alemania y Brasil ya lo hacen con éxito: en Jühnde, una comunidad rural, se cubre la totalidad de la demanda térmica y eléctrica con biogás a partir de residuos agrícolas; es como si una municipalidad en Colombia viviera sin depender de una hidroeléctrica o de una red centralizada.

En Brasil, empresas como Raízen generan más de 3,6 TWh al año de energía a partir del bagazo de caña, suficiente para abastecer a Río de Janeiro, una ciudad con más de seis millones de habitantes. Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede lograrse cuando la política energética entiende al agro como parte de la solución.

Pero aún existen barreras. Por ejemplo, la UPME, tras casi dos años de retraso, publicó los resultados de la asignación de capacidad de transporte de energía eléctrica correspondientes al periodo 2023–2024. En el Valle del Cauca se presentaron 169 solicitudes, de las cuales cinco correspondían a proyectos de cogeneración con biomasa que sumaban 65 MW.

Sin embargo, solo uno, con una capacidad de 2 MW, fue priorizado. La mayoría de las asignaciones fueron para iniciativas de generación solar, muchas de ellas aún sin ejecución ni viabilidad técnica clara.

En este contexto, es indispensable que la UPME y el Ministerio de Minas y Energía habiliten mecanismos que permitan avanzar con los proyectos ejecutables, obviamente sin que se les afecten los derechos adquiridos de quienes ya tienen cupos asignados.

Esto puede incluir la habilitación de nueva capacidad, el diseño de esquemas complementarios de priorización técnica o la entrada en vigor de resoluciones que den prelación a proyectos con licencias ambientales aprobadas. Solo así será posible alinear la operatividad del sistema con los objetivos del Plan de Transición Energética Justa y no seguir aplazando proyectos que están listos para ejecutarse.

El campo colombiano cuenta con el conocimiento, los recursos y el capital humano para avanzar en esa dirección. Falta es destrabar los cuellos de botella institucionales que hoy impiden que proyectos listos y con inversión en curso puedan ejecutarse.

Mientras el país debate cómo diversificar su matriz energética, el agro ya genera soluciones limpias a partir de sus propios subproductos. Lo que falta es que les permitan conectarse para prender los bombillos.