En el agro, el debate está en el costo de los sacrificios frente a la productividad y la rentabilidad

La ley de "rescate económico" ha generado múltiples debates frente a su conveniencia, su radio de aplicación y su efecto en la realidad económica de la sociedad colombiana. En esta columna pretendo mostrar algunos de los efectos que podría traer para el sector agropecuario el Proyecto de Ley 477, presentado por el Gobierno la semana pasada.

Hay un primer efecto al gravar productos de la canasta básica familiar que están exentos o que tienen una tarifa de IVA de 5%. A partir de 2028, productos como hortalizas (cebolla, ajo, tomate, lechuga, coliflor, zanahoria y otras tantas), frutas frescas (banano, plátano, piña, aguacate, guayaba, mango, cítricos, manzanas y peras, entre otras), fríjol, lenteja, maíz trillado, maíz para consumo humano, cacao en grano, café verde sin tostar, caña de azúcar, miel, sal, bocadillo, algunos lácteos artesanales, cerdo, ovinos, caprinos, peces vivos y gallinas, pavos y patos entrarían a pagar un 19% de IVA. En este primer punto se dan situaciones en doble vía: por un lado, al aumentar el costo de los productos y, a la vez, afectar el valor del "mercado" de las familias. En estratos bajos y medios de la población, sin duda alguna, se reducirá el consumo a fin de amortiguar el efecto del mayor costo de los productos.

En segundo lugar, hay un efecto en los costos transversales de las cadenas de producción agropecuaria. Se plantea un aumento de 5% a 19% en el IVA de los concentrados para la avicultura y la porcicultura, que, aunque es recuperable, generará una mayor necesidad de caja y tendrá un perjuicio para el productor. Se elimina la exclusión al ganado en pie y al faenamiento, lo que, además de un costo adicional, implica la definición de un procedimiento para la declaración del impuesto por parte del ganadero. Esos sí son costos adicionales que se generarán y que afectarán la cadena de producción de manera integral.

En este punto también debo destacar que hay un efecto sobre la competitividad de las cadenas agropecuarias al establecerse un IVA de 19% a servicios para las labores de fumigación, cosecha y asistencia técnica. También debo mencionar que se plantea pasar de 5% a 19% para el seguro agropecuario, lo que puede dificultar aún más de lo que ya lo es su adopción por parte de los productores agropecuarios. Preocupa de manera muy importante un estímulo mayor a la informalidad en el campo para evadir el pago de estas nuevas obligaciones.

Finalmente, otra de las grandes preocupaciones para el sector está en el apartado de los insumos y la maquinaria agrícola. Se levantan las exenciones para los plaguicidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas) y sus materias primas, así como algunos fertilizantes, como el azufre, los fosfatos de calcio y la cal dolomita. Sin duda alguna, esto le pega directamente a los costos de producción y traería necesidades mayores de capacidad de caja para los productores. Debo mencionar también el efecto en la producción en regiones como la altillanura o el norte y oriente de Antioquia, donde suelos de fertilidad baja o con concentraciones muy altas de hierro y aluminio requieren altas cantidades de cal para generar producción.

Colombia tiene una ventaja inmensa para adelantar programas de modernización en su sector primario. Tractores, cosechadoras, equipos de henolaje, sistemas de riego por goteo y aspersión están exentos de IVA. El proyecto de ley elimina esa exención. De igual forma, en el país agropecuario se ha dado un debate sobre la necesidad del uso de semillas y materiales de siembra certificados y de buena calidad, necesarios para aumentar la productividad. El proyecto define un IVA de 19% a estos conceptos, lo cual, sin lugar a dudas, afectaría su uso y "justificaría" el de semillas y materiales de "costal". En el caso de la ganadería, se grava el semen bovino. Debo mencionar que la inseminación artificial ha jugado un papel fundamental en el mejoramiento genético del hato colombiano, que le ha permitido tener mejores condiciones de productividad y que se vería afectado por esta situación.

Ya empiezan a salir alternativas para obtener recursos que puedan amortiguar los efectos de la ley de rescate. Destaco la del Dr. Francisco Mejía, quien fuera presidente del Banco Agrario durante el gobierno Duque. En su cuenta de X indicó que: "el Banco Agrario tiene un patrimonio de $3,45 billones y un margen de solvencia de 17,8%. Si se le saca $1 billón de capital, el margen quedaría en 12,8%, siendo el mínimo regulatorio de 9%, con lo cual no afectaría su crecimiento". Esto ya se implementó durante el gobierno Duque y estoy seguro de que ese billón contribuiría a bajar la presión sobre un sector como el agropecuario, que, por las dificultades que enfrenta (en seguridad, vías de comunicación, comercialización, entre otros), hay que seguir protegiendo.

De la misma forma, una vez conocido el proyecto, considero fundamental tener en cuenta las consideraciones que se hacen frente al desestímulo al consumo de los productos, al recambio de maquinaria agrícola y equipos para la producción, al aumento de los costos de producción y a las dificultades que traería para el estímulo del uso de semillas y materiales genéticos de buena calidad en el agro.

En lo que estamos de acuerdo todos es en que esta situación no se originó por acciones del Gobierno actual; en que, en buena medida, se debe al deficiente manejo de las finanzas estatales durante el gobierno de Gustavo Petro; y en que se necesita un ajuste que requerirá sacrificios de todos los sectores. En el agro, el debate está en el costo de los sacrificios frente a la productividad y la rentabilidad.

Nota: agradezco al exministro Andrés Valencia, al exdirector de la Dian Lisandro Junco y al expresidente del Banco Agrario Francisco Mejía, de quienes obtuve datos muy importantes para esta columna.