Llamado de urgencia por la defensa del agro colombiano

Cada vez es más evidente la crisis cíclica que enfrenta el sector agropecuario colombiano. Hoy subsectores como el arroz, la papa y la leche han alzado su voz en medio de una realidad repetitiva: la sobreoferta, la caída de precios por debajo de los costos de producción y la ausencia de una política estructural que respalde al productor. Pero igual sucede cada rato con otros productos como la panela, el maíz, los cítricos, el plátano, la yuca, entre otros.

En el campo del arroz, según Fedearroz, la carga de 125 kg de arroz paddy verde se vende entre 170.000 y 185.000 pesos, mientras que los productores exigen un precio mínimo de 205.000 a 220.000 pesos para cubrir costos. La caída de precios de 11,8 % en 2024 junto a un inventario nacional récord de más de 534.000 toneladas, casi un 68 % por encima del promedio de la última década, lo que desencadenó paros que generaron bloqueos regionales y que afectaron a todos los sectores y a la comunidad en general.

Paro y bloqueos que afortunadamente ya se han levantado pero que se mantiene la amenaza latente ante la incertidumbre de la aplicación real de las medidas y acuerdos planteados por el gobierno con los productores y la industria arrocera.

Por su parte la papa tiene su crisis por la baja en el consumo, el contrabando, la sobre oferta y las importaciones de papa procesada entre otras causas que han llevado al sector a un panorama desalentador que afecta a centenares de familias en varios departamentos.

Los precios han disminuido en un 71,7 por ciento con respecto a los registrados a comienzos del año, cuando una carga de 50 kilos se vendía entre $250.000 y $280.000, con un promedio de $265.000. En el último mes, ese mismo volumen se comercializa entre $70.000 y $80.000, con un promedio de $75.000.

En el sector lechero, el gremio Analac, gremio de los productores, alertó que grandes procesadoras como Alpina y Alquería han reducido la compra de leche en finca hasta un 15 % desde febrero de 2024, mientras que el precio pagado al productor cayó en al menos un 12,2 %, intensificando la presión sobre miles de pequeñas familias rurales

Asoleche, el gremio de los industriales de la leche advierte que el consumo de leche ha caído un 9 % en 2022 y un 6 % en 2023, lo que ha generado inventarios industriales equivalentes a unos 200 millones de litros y complicaciones financieras para la agroindustria del sector.

Estas cifras evidencian una urgencia, debemos consolidar una agenda común que movilice lo mejor del agro colombiano: su diversidad, su agroindustria, su talento técnico y su capacidad asociativa. Un campo productivo solo tiene futuro si su producción es acopiada, transformada y conectada con mercados formales y competitivos.

Lo preocupante no es solo la coyuntura, lo verdaderamente alarmante es que seguimos respondiendo con medidas de corto plazo a un problema que requiere una visión de Estado, una ruta clara de largo aliento para el fortalecimiento del agro. Es hora de dejar atrás la dispersión de esfuerzos y unirnos, como sociedad, en torno a una causa que nos concierne a todos: la defensa de la producción nacional de alimentos.

Esa unidad debe ser más que simbólica, implica compromisos reales del Gobierno y del Congreso, que deben mirar al agro con una perspectiva estratégica, lejos de cálculos electorales. Se necesitan políticas públicas estables, construidas con todos los actores del sector, que reconozcan y promuevan la diversidad de los sistemas productivos, desde los campesinos hasta los agroindustriales, con libertad para elegir modelos y tecnologías.

La agroindustria juega un papel clave en esta ecuación. Es el puente que permite transformar la producción primaria en valor agregado, generar empleo rural no agrícola, dinamizar las cadenas de abastecimiento y abrir oportunidades de exportación. Fortalecer la agroindustria no es competir con el agricultor; es darle sostenibilidad y sentido de futuro a la actividad agropecuaria.

Pero para que eso ocurra, necesitamos más inversión en infraestructura, en distritos de riego, vías terciarias, centros de acopio y secado. Requerimos acceso real a tecnología, digitalización, insumos de calidad y asesoría técnica permanente. Y, sobre todo, necesitamos apostarle en serio a la asociatividad: cooperativas, alianzas productivas, esquemas colaborativos que permitan generar economías de escala y mejorar el poder de negociación del productor frente al mercado.

Es por esto por lo que el llamado de urgencia se requiere para establecer lo siguiente:

-Una política pública agropecuaria de estado, con visión a largo plazo y sin afectación de los tiempos electorales y los nuevos funcionarios de turno en el poder.

-Una legislación que asegure la libre operación de todos los sistemas productivos, combinando incentivos a la inversión privada con respaldo no solo al pequeño productor sino a todos los actores de las cadenas productivas de alimentos.

-Recursos efectivos para infraestructura física (vías terciarias, distritos de riego, centros de acopio, secadoras), crédito accesible, insumos de calidad y asistencia técnica profesional para el desarrollo integral de los proyectos productivos.

- Una ruta de representación activa del Congreso, cimentada en alianzas entre bancadas, sin sesgos ideológicos, enfocada en proteger la producción nacional de alimentos.

- Una agenda conjunta de gremios, asociaciones, agroindustria, academia y sociedad, capaz de diseñar estrategias integrales para estabilizar el mercado interno y proyectar exportaciones de valor agregado.

El agro colombiano no puede seguir a la deriva, atrapado entre la incertidumbre climática y la inestabilidad del mercado. Defenderlo es defender la seguridad alimentaria del país, la paz territorial y la economía rural. Ya no hay margen para la indiferencia, nos convoca la urgencia, pero también la oportunidad de hacer las cosas bien. El agro puede y debe ser motor de desarrollo, lo que necesitamos es decisión, coherencia y unidad.