Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país es la investigación científica y tecnológica. La planeación y la inversión en áreas como inteligencia artificial y tecnologías de precisión permiten encontrar respuestas a grandes retos del sector productivo, al tiempo que impulsan innovaciones sociales que se traducen en generación de riqueza.
A pesar de ello, Colombia ha tenido una tendencia histórica a subvalorar la inversión pública en ciencia y tecnología, priorizando otras áreas según los intereses de los gobiernos de turno. No obstante, en el sector agropecuario se ha desarrollado investigación con impactos significativos en varios subsectores. Instituciones privadas, públicas y mixtas han contribuido a la creación de nuevas variedades resilientes al cambio climático, mientras que la investigación aplicada en suelos y sistemas productivos ha mejorado la competitividad de cultivos como el café y el arroz. Asimismo, el desarrollo de sistemas de riego ha permitido una mejor gestión del recurso hídrico, entre otros avances.
Este esfuerzo se da en un contexto donde el 52 % de los recursos para investigación provienen del sector privado, el 43 % del sector público y apenas el 5 % de la cooperación internacional (Cortés, 2024). Esta estructura de financiación evidencia que buena parte de la ciencia que se produce en el país responde a necesidades inmediatas del aparato productivo, más que a una estrategia pública de desarrollo científico.
La situación se agrava al analizar el presupuesto para el año 2026. Aunque el Presupuesto General de la Nación asciende a 547 billones de pesos, la asignación para ciencia y tecnología es de apenas 380 mil millones de pesos. Esta cifra representa la continuación del desfinanciamiento estructural en cabeza del Ministerio de Ciencia y Tecnología, caída que en el año 2025 fue del 40 % frente a 2024.
La otra fuente de financiación pública del sector científico en el país se encuentra en el presupuesto del Sistema General de Regalías. Aunque a este sector le corresponden 2 billones de pesos para el bienio 2025–2026, se debe revisar su ejecución, tanto en el porcentaje de recursos efectivamente ejecutados como en la pertinencia de los proyectos financiados. Esta problemática se suma a una tendencia histórica de subejecución en el Presupuesto General de la Nación, que promedia un 73 % sobre un monto ya de por sí limitado, lo que termina justificando los recortes presupuestales año tras año.
A este panorama se suma la visión del actual gobierno, que ha planteado una competencia entre la ciencia moderna y el conocimiento ancestral y comunitario, promoviendo una pugna innecesaria y, en algunos casos, excluyente. Ambos enfoques son complementarios y ocupan un lugar específico dentro del ecosistema del conocimiento. Mientras el saber ancestral permite preservar prácticas sociales, culturales y ecológicas relevantes, la ciencia y la tecnología son herramientas clave para desarrollar nuevas soluciones a problemas históricos que enfrentan las comunidades y el sector productivo.
En el caso del sector agrícola, esta coexistencia es evidente. La investigación generada por gremios como Fedearroz o Fedecafé, por entidades mixtas como Agrosavia y por centros internacionales como el CIAT, ha interactuado activamente con las necesidades de los productores y las comunidades. Este diálogo ha generado soluciones para enfrentar el cambio climático y adaptarse a nuevas realidades productivas.
Bajo esta visión de trabajo conjunto entre conocimiento ancestral, comunitario y científico-tecnológico, es posible encontrar una salida a la baja ejecución presupuestal del sector. Un verdadero pacto por la ciencia y la tecnología implica una gobernanza colaborativa entre todos los actores del sistema, sin importar su origen, con el propósito común de resolver problemas concretos en sectores como el agrícola.
Como bien lo expresó la exministra Yessenia Olaya en un debate de control político, “interpelar un mayor presupuesto al gobierno nacional implica tener claridad en qué vamos a invertir ese presupuesto”. Justamente, este pacto permitiría construir una gran agenda nacional de desarrollo desde lo público y con la participación de todos los actores, basada en la ciencia y la tecnología.
