La otra crisis del suroccidente

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto cambió en minutos las prioridades del suroccidente colombiano. Cali enfrenta pérdidas humanas irreparables, cientos de miles de damnificados y una reconstrucción que irá más allá de viviendas e infraestructura. También tendrá que recuperar empleos, negocios y tejido empresarial. El desafío exige concentrar allí buena parte de la capacidad del Estado.

Por eso no podemos permitir que, a 45 minutos de Cali, madure otra emergencia.

La liquidación judicial del Ingenio La Cabaña mantiene en situación crítica a 957 proveedores de caña del norte del Cauca. De ellos, 777 son pequeños productores con parcelas de apenas 2,1 hectáreas en promedio. Para muchas familias, esas áreas representan su ingreso, su ahorro y su futuro.

En los últimos días surgió una noticia esperanzadora. Gracias a la articulación de distintos actores, comenzó la cosecha y molienda de cañas vinculadas a La Cabaña. Incauca y Mayagüez ya iniciaron operaciones y Mayagüez. En una primera etapa se proyecta movilizar cerca de 400.000 toneladas, incluyendo predios bajo compraventa de caña en mata, cuentas en participación y arrendamiento.

Se trata de un avance enorme. Demuestra que articular capacidades genera soluciones. Pero sería un error confundir un respiro con el final de la crisis.

Persisten cosechas sin pagar, productores afectados financieramente, reportes en centrales de riesgo, y una profunda incertidumbre sobre el futuro económico de cientos de familias. La alternativa de cosecha disponible deberá mantenerse en los próximos meses para moler volúmenes adicionales cuya recolección tendrá que evaluarse.

Mirar esta crisis desde la agroindustria de la caña es un error. Guachené, Padilla, Miranda, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto y Caloto conforman una frontera productiva y social estratégica para Cali. En ellos confluyen pobreza, disputas territoriales y economías ilegales. Preservar la agricultura formal, el empleo y la propiedad productiva es también una manera de proteger la estabilidad regional.

Cuando desaparecen el ingreso lícito y las oportunidades, las economías ilegales encuentran terreno fértil.

Por eso, urgimos al nuevo Gobierno para que implemente un plan de choque territorial para los afectados por La Cabaña, con metas, responsables y recursos definidos. La prioridad es impedir que una crisis empresarial termine convertida en ruina familiar y deterioro territorial. El plan debe incluir alivios y reestructuración de créditos; soluciones jurídicas que brinden certeza sobre los predios y contratos; acompañamiento para garantizar la continuidad productiva y comercial después de esta primera cosecha; diversificación de ingresos; formación y vinculación laboral para trabajadores y jóvenes; y presencia sostenida del Estado en inversión social y seguridad.

Más pobreza y desempleo en estos municipios también pueden aumentar la presión social y económica sobre Cali, justo cuando la ciudad necesita reconstruir su infraestructura y recuperar su propia economía.

No se trata de rescatar una empresa, sino de evitar una crisis social a las puertas de Cali.

Reconstruir no es solo levantar paredes: también es impedir que se derrumbe la economía que sostiene el territorio.

Atender a los afectados por La Cabaña no compite con la reconstrucción de Cali. Es parte de ella.