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La Asociación Frigoríficos de Colombia alerta y hace un llamado a
las autoridades colombianas como consecuencia del incalculable aumento que se registra en el sacrificio clandestino de ganado en el país.

El Presidente del gremio, Álvaro Urrea, explica que hay personas con cierto nivel de informalidad que buscan menores costos matando animales en establecimientos ilegales que no cumplen con las normativas vigentes establecidas en el Decreto 1.500. “No pagan impuestos ni son vigilados por las autoridades”, precisa.

Las consecuencias de todo esto es que se estaría generando cuantiosas pérdidas al sector ganadero del país, un grave problema de sanidad en el sector ganadero y niveles riesgo a la población del país.

Si bien no hay un dato exacto de cuanto ganado se sacrifica ilegalmente en el país, al analizar el sacrificio del año 2015 que fue de 3, 9 millones de animales y 2020 con 3, 2 millones de animales sacrificados, se observa una caída de 18.3%. Esto significa, según cálculos de la Asociación Frigorífico, que si se toma el año 2020 con 3, 2 millones animales beneficiados y se calcula que 30% de este volumen no pasa por las plantas legalmente constituidas, se estaría hablando de un número estimado de 977.100 animales sacrificados de manera clandestina.

"Lo anterior es alarmante, dado que se calcula que un animal sacrificado representa 10 jornales, lo cual significa que los mismos 977.100 animales, estarían generando 9.771.000 jornales en el año, los cuales hoy día no se crean legalmente", indicó la Asociación.

Con todo esto, el Fondo Nacional del Ganado tiene un impacto económico elevado porque ese número de animales sacrificados clandestinamente no permiten percibir cerca de $22.712 millones, dinero que es necesario para cumplir con todos los programas de sanidad bovina, en especial, los ciclos de
vacunación contra la fiebre aftosa. Además, los departamentos y municipios también se ven perjudicados, toda vez que el recaudo por concepto de degüello se reduce en $25.000 millones por año.

Por su parte, en materia de sanidad pública, el daño es total y la salud de la población se puede ver comprometida porque no existe posibilidad de garantizar inocuidad de un alimento cuando el animal fue sacrificado en condiciones inadecuadas, agrega el dirigente gremial.

Ante esto, la Asociación Frigoríficos de Colombia instauró una acción popular en la cual lograron un fallo del Consejo de Estado, que ordenó y responsabilizó a la Policía Nacional e Invima a tomar las medidas necesarias frente a este flagelo de la ilegalidad en sus diferentes modalidades. "El Invima está a la cabeza de este trabajo, pero son más los esfuerzos que los resultados tangibles, no hay un compromiso de las autoridades ni tampoco la articulación necesaria entre ellos para poder mostrar resultados frente a su responsabilidad”.

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