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El derecho a la propiedad privada es difuso cuando se trata de los departamentos y regiones más alejadas de las grandes ciudades de Colombia. El Estado parece no tener las capacidades suficientes para hacer presencia en los territorios y hacer valer los límites de la tierra, y así lo demuestra una reciente investigación de la Revista Semana, que denuncia que los indígenas vulneran propiedades privadas en el Cauca.

La crónica ‘Invasión de fincas, ¿muerte a la propiedad privada?’, de Salud Hernández-Mora desde el Cauca, pone en evidencia que los planes de adjudicar ciertas tierras a estas comunidades no ha sido del todo exitosa. Allí prevalecen pueblos como Nasa, Yanacona, Misak, Coconuco, Totoró y Eperara Siapidara.

Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con corte al primer semestre de 2020, los indígenas poseen 28,9 millones de hectáreas que se dividen en 767 resguardos indígenas. El departamento del Cauca se ha convertido en uno de los que más ha presentado reclamaciones de titulación de tierras, pese a que 44% del territorio ya se encuentra en manos de los mismos indígenas, las cuales suman 1,3 millones de hectáreas favoreciendo a más de 2.000 familias étnicas. Cada hectárea, al ser adjudicada a dicho tipo de titular, goza de condiciones diferentes como el no pago de impuestos y la exclusión dentro de los planes de desarrollo agropecuario de la región.

En 2005, el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) registró que en Cauca había 248.532 indígenas, mientras que para 2018, este número ya había subido a 308.455. Al igual que para 2005, el número de tierra titulada para las comunidades iba en menos de 800.000 hectáreas, frente a los 1,3 millones de hectáreas de hoy.

Los hechos denunciados por Semana no son fortuitos y estarían enmarcados en una recuperación de tierras promovida por los pueblos indígenas liderados por la comunidad Nasa a quienes se han ido sumando los Campesinos Sin Tierra, las Reservas Campesinas, afros, venezolanos y hasta la conocida como columna Dagoberto Ramos de las Farc.

Los argumentos de quienes han promovido esta avanzada es que, “su único objetivo, son las propiedades de ingenios azucareros y de terratenientes, están apoderándose de pequeñas fincas de colonos. No respetaron los carteles que clavaron en sus propiedades la primera semana de febrero para marcar la diferencia: “Tierra de colonos. No es de ningún ingenio. Propiedad privada”. Pero las devastaron sin contemplaciones”, se lee en la crónica de Hernández-Mora.

Este fenómeno es mucho más profundo y extenso que la simple coyuntura del momento. De hecho, en 2016 con miras al posconflicto fue lanzado por el Gobierno Nacional junto con el Gobierno de Canadá, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las autoridades de los departamentos del Cauca y Nariño.

Este plan, que estaba dirigido a más de 4.000 productores de la región, contemplaba el mejoramiento de acceso a bienes públicos rurales, apoyo a la asociatividad, en función de las cadenas productivas priorizadas por el proyecto, fortalecimiento de las capacidades de las gobernaciones y alcaldías municipales para la planeación y ejecución de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales con enfoque territorial en el periodo 2016-2019.

El viceministro de Desarrollo Rural de entonces, Juan Pablo Díaz Granados, aseguró en su momento que la inversión del proyecto alcanzaría los US$12 millones por parte del gobierno canadiense.

Ingenios con presencia en el Cauca

Uno de los ingenios más grandes de la región se centra en el sector agroindustrial de la caña. Este abarca 51 municipios, seis departamentos (Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Meta). En esta región hay actualmente 241.205 hectáreas sembradas en caña de azúcar, de las cuales, 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña, según información publicada por Asocaña.

Dichos cultivadores abastecen a 12 ingenios (Carmelita, Incauca, La Cabaña, Manuelita, Maria Luisa, Mayagüez, Del Occidente, Pichichi, Providencia, Riopaila Castilla, Risaralda y SanCarlos). Desde 2005, cinco de los 12 ingenios tienen destilerías anexas para la producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda) y desde 2015, el ingenio Riopaila Castilla.

Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto del mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, ha llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en productividad a nivel mundial.

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