El aumento de las temperaturas globales y la intensificación de fenómenos climáticos, como El Niño, han puesto a prueba las reservas hídricas de Bogotá y la capacidad de sus embalses para abastecer a toda la población. Ante este panorama, la ciudad ha tenido que buscar alternativas para garantizar la disponibilidad de agua, lo que ha llevado al Distrito a ampliar sus inversiones en las zonas rurales de la capital, así como en diferentes municipios de Cundinamarca y en la cuenca alta del río Bogotá.
La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, explica cómo el Distrito está ampliando sus inversiones en las zonas rurales de Bogotá y Cundinamarca, con la meta de alcanzar las 12.000 hectáreas al finalizar la administración de Carlos Fernando Galán.

¿Qué son los pagos por servicios ambientales?
Este programa nos ayuda a reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente a sequías extremas. La preparación de Bogotá ante el fenómeno de El Niño, que supuestamente va a durar hasta 2027, comenzó con las lecciones que nos dejó el episodio de 2023-2024. Esa experiencia nos dejó una enseñanza muy clara: debemos reducir la vulnerabilidad de la ciudad antes de que llegue una emergencia.
El agua que abastece a Bogotá nace en el campo. Por eso, prepararnos para una sequía empieza justamente allí, antes de que el agua llegue a los embalses. Nuestra estrategia de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos nos permite invertir en la protección de las fuentes de agua que abastecen a Bogotá. Además, al protegerlas, también contribuimos a cuidar el recurso que llega a los acueductos de los municipios de Cundinamarca.
Lo hacemos mediante la conservación, de la mano de familias campesinas y propietarios rurales, en áreas clave para la regulación del agua, como páramos, bosques, nacimientos y quebradas. Estas zonas están ubicadas en áreas rurales de Bogotá, como Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y Chapinero, así como en municipios de Cundinamarca, entre ellos Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera y Guatavita.
Además, vamos a ampliar el programa a Chocontá, Cogua, Gachancipá, Suesca y Villapinzón, lo que marcará la primera vez que el Distrito invierte en la cuenca alta del río Bogotá.
Esta Alcaldía ha alcanzado cerca de 5.780 hectáreas en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico de la ciudad y de más de 30 municipios de Cundinamarca. Lo estamos haciendo mediante acuerdos de conservación con 175 familias campesinas y propietarios rurales.
¿Cuáles son los requisitos para que un campesino o propietario acceda a este programa?

Lo primero es consultar las convocatorias que se publican en la página web de la Secretaría de Ambiente. Cuando se abren, especificamos cuáles son las veredas de los municipios o de la ruralidad de Bogotá que están habilitadas.
No todos los acuerdos de conservación son iguales. Por ejemplo, puede haber familias campesinas y propietarios rurales que destinen un número de hectáreas de sus predios a la conservación y se comprometan a mantenerlas en ese estado. También puede haber acuerdos para predios que buscan pasar de un estado de degradación a un proceso de restauración ecológica.
Asimismo, existen acuerdos en los que los campesinos se comprometen a transformar sus cultivos o actividades ganaderas en esquemas de producción agrícola y agropecuaria sostenibles, con el propósito de reducir su impacto sobre estas áreas estratégicas para la regulación del agua.
Esto puede formar parte de un acuerdo de conservación. En algunos casos, se trata únicamente de áreas conservadas; en otros, de áreas conservadas y restauradas, y en otros se incorpora el componente de reconversión productiva sostenible.
¿Cómo se calcula cuánto recibe cada propietario? ¿Ese valor compensa realmente lo que dejan de hacer con sus tierras?

Los valores de los pagos varían entre Bogotá y los que ofrecen la Gobernación de Cundinamarca o incluso la CAR. En la ruralidad de Bogotá, la referencia de pago para 2026 es de cerca de $2.425.000 por hectárea conservada al año. Si se trata de cinco hectáreas, esto representa $12 millones anuales, sujetos, obviamente, al cumplimiento de los compromisos de conservación.
En Cundinamarca, el valor de referencia es mucho menor: allí se pagan entre $673.000 y $1 millón por hectárea al año. Sin embargo, Bogotá va a reconocer entre $491.000 y $827.000 adicionales por hectárea, además de los $2.425.000, por acciones complementarias que incluyen no solo la conservación, sino también la restauración.
No estamos invirtiendo en los municipios de Cundinamarca porque sí, sino en el agua y en las áreas estratégicas para el abastecimiento de Bogotá y, de paso, de los propios municipios del departamento.
Ya estamos avanzando en las 5.780 hectáreas, una cifra récord que triplica lo alcanzado por la administración anterior en cuatro años, en apenas dos años y medio. Nuestra meta es llegar a las 12.000 hectáreas al finalizar la Alcaldía Galán. Es un récord para Bogotá: nunca se había realizado una inversión a una escala similar.
¿Qué garantiza la conservación de los predios cuando termina un acuerdo?
La Secretaría de Ambiente verifica permanentemente el cumplimiento de los acuerdos para realizar un diagnóstico. Posteriormente, buscamos darles continuidad a los compromisos con las familias que han cumplido y procuramos avanzar con ellas en más acciones de conservación y restauración.
Los acuerdos actuales tienen una duración de 12 meses, pero la normativa nos permite suscribirlos por periodos de hasta cinco años, según el desempeño del propietario en materia de conservación de su predio.
Una vez suscrito el acuerdo, brindamos asistencia técnica sobre cómo aislar nacimientos y quebradas, recuperar la vegetación y adoptar prácticas agrícolas y agropecuarias que reduzcan la presión sobre el ecosistema. Al finalizar cada acuerdo, después de un año, evaluamos la posibilidad de renovarlo.
¿Qué proyecciones tiene la Secretaría de Ambiente para garantizar el abastecimiento de la ciudad ante el aumento sostenido de las temperaturas y las sequías?
Estas áreas estratégicas no solo enfrentan la presión de las sequías asociadas al cambio climático, que pueden generar periodos muy intensos y provocar el desabastecimiento de las cuencas. También pueden verse afectadas por lluvias intensas que ocasionen desbordamientos.
Según las predicciones, estos periodos de sequías y lluvias intensas serán cada vez más recurrentes.
Si tenemos cuencas degradadas por la deforestación, la presión de la ganadería extensiva o los sistemas agrícolas poco sostenibles, cuando lleguen las sequías nuestros sistemas hídricos estarán mucho más estresados y presionados.
Por eso, la conservación, la restauración y el cambio de prácticas son fundamentales. Ese es el propósito del Programa de Pagos por Servicios Ambientales: incentivar y remunerar la conservación, así como la adopción de sistemas agrícolas más sostenibles.
Además, una parte de ese pago se reinvierte en el cuidado del agua que consumimos. Cada participante del programa debe destinar una proporción del dinero recibido al cuidado y la recuperación de las fuentes de agua y de la vegetación. Si tiene menos de 10 hectáreas, debe destinar 10%; si tiene entre 10 y 20 hectáreas, 20%, y si tiene más de 30 hectáreas, 30%.
Conservar el suelo y la vegetación es importante porque ayuda a que el agua lluvia penetre en la tierra, se almacene y se libere poco a poco hacia las fuentes hídricas. Así contribuimos a que las cuencas estén mejor preparadas para enfrentar tanto las sequías como las inundaciones.
¿Con qué mecanismos de protección cuentan estos predios durante la época de sequía?

Es muy importante resaltar que un predio o ecosistema conservado o en proceso de restauración es mucho más resiliente al fuego que uno deforestado y degradado. Eso ya representa una protección. Invertir en conservación y restauración ecológica ayuda a reducir la probabilidad de que se produzcan incendios o a disminuir su impacto sobre un área.
Es decir, con esta inversión estamos mitigando parte del riesgo. Si un incendio afecta un área conservada, entra en funcionamiento el esquema de gestión del riesgo de desastres, en el que el municipio atiende la emergencia y Bogotá puede brindar apoyo. A través del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y desde la Secretaría de Ambiente, podemos evaluar los daños y definir las medidas de restauración necesarias.
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