Cada cambio de gobierno representa la oportunidad de redefinir las prioridades del país. Más allá de las reformas que concentran el debate público, existe una decisión estratégica que marcará la capacidad de Colombia para crecer, generar empleo y competir en los mercados internacionales.
La experiencia del sector bananero demuestra que el desarrollo económico también se construye desde las regiones. Durante décadas hemos consolidado una agroindustria que combina productividad, formalidad laboral, sostenibilidad y vocación exportadora. Detrás de cada caja de banano existe una cadena productiva impulsa economías locales y crea oportunidades para miles de familias en Urabá y Magdalena. Ese es el verdadero valor de las agroexportaciones: transformar territorios mientras fortalecen la economía del país.
Sin embargo, preservar ese modelo exige comprender que los desafíos han cambiado. Hoy producir con buenas prácticas agropecuarias, ya no es suficiente. La creciente presión sobre los costos, la volatilidad de los mercados, las exigencias ambientales y comerciales, la seguridad de la cadena logística, el cambio climático y las amenazas fitosanitarias, han convertido la competitividad en un desafío que trasciende la capacidad de los productores. Ningún esfuerzo empresarial será suficiente si no está acompañado por políticas públicas que generen condiciones para competir.
Sería un error pensar que estos desafíos corresponden únicamente al sector bananero. En realidad, reflejan los retos que enfrentan las agroexportaciones colombianas en un contexto internacional cada vez más exigente. Mientras otros países fortalecen su infraestructura, modernizan sus sistemas logísticos, protegen su producción y consolidan estrategias de promoción comercial, Colombia no puede conformarse con administrar las dificultades. Ha llegado el momento de construir una visión de largo plazo que reconozca al campo como un activo estratégico para el desarrollo nacional.
Esto, significa avanzar en decisiones que fortalezcan la infraestructura logística e hídrica, protejan la sanidad vegetal, garanticen la seguridad de los corredores de exportación, impulsen la innovación y promuevan una diplomacia comercial capaz de defender los intereses del país en los mercados. No se trata de conceder beneficios a un sector específico; se trata de crear las condiciones para que el país aproveche plenamente su potencial productivo y exportador.
Las naciones que hoy lideran el comercio agroalimentario entendieron hace mucho que la competitividad no se improvisa. Es el resultado de políticas consistentes, instituciones sólidas y una relación de confianza entre el Estado y quienes producen e invierten. Colombia cuenta con las condiciones naturales, el conocimiento y el talento para consolidarse como una potencia agroexportadora. Lo que hace falta es la decisión de convertir ese potencial en una verdadera política de Estado.
Es nuestro deber como productores seguir promoviendo el diálogo, aportando propuestas y trabajando de manera articulada con el Gobierno y los demás actores de la cadena productiva. Creemos en un país que reconoce el valor de quienes producen, generan empleo y llevan el nombre de Colombia a los mercados del mundo. Porque fortalecer las agroexportaciones no significa respaldar a un gremio; significa apostar por un modelo de desarrollo que genera oportunidades, estabilidad y crecimiento para millones de colombianos. Al final, el futuro económico del país no solo se decide en los centros financieros o en los escenarios de política pública. También se cultiva, todos los días, en los campos de Colombia.
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