A dar el debate por el uso del suelo porque las Appas no van más

El debate por la conservación de suelos para la producción de alimentos no es exclusivo de Colombia. Desde hace décadas, en la agricultura mundial se discute la necesidad de mantener un área mínima necesaria para suplir las necesidades alimentarias de la población mundial. Se habla de que en el mundo hay aproximadamente 1.600 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola. China es el país del mundo con el mayor número de hectáreas disponibles: alrededor de 520 millones, de las cuales hay cultivadas aproximadamente 134 millones de hectáreas. Colombia tiene una frontera agrícola que alcanza los 42 millones de hectáreas, de las cuales 5,8 millones están en producción.

Muy seguramente, pensando en esa necesidad, el gobierno anterior creó, mediante el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas). En términos sencillos, las Appas son determinantes de ordenamiento que obligan a establecer un área para la producción de alimentos en el lugar —municipio o grupo de municipios— donde, mediante un estudio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra, y, posteriormente, una resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así se defina. Por ejemplo, la muy comentada Appa del municipio de Sopó, en la Sabana de Bogotá.

En principio, la iniciativa suena muy bien; el problema aparece en los verdaderos objetivos del anterior gobierno al crear esta figura y en el procedimiento utilizado en los diferentes municipios para establecerlas. Se dice que fueron concertadas con las poblaciones. Nada más equivocado: no es sino ver la férrea y justificada oposición del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a la Appa del Suroeste antioqueño, donde se dejó ver incluso una actitud de censura política por parte del gobierno de Petro. ¡Concertación no hubo en ninguna de ellas!

La figura de las Appas, además, invade las funciones constitucionales de los municipios en materia de ordenamiento de los suelos. Incluso, en algunos casos, llegó a prohibir ciertas construcciones y actividades, e imponer la revisión y el aumento de los impuestos prediales. Vuelvo a la del Suroeste antioqueño, donde la resolución prohibió la construcción de nuevos ecohoteles y parcelaciones en los municipios de la región. También está la de La Guajira, donde, en suelos de bajísima fertilidad y no aptos para la producción de alimentos, intrínsecamente uno observa la limitación a la exploración y explotación de carbón, gas y petróleo.

Contradicciones como las que afirmé en una de mis columnas anteriores sobre el tema: “Se dice que en Colombia no existen suelos de clase 1 y que tenemos alrededor de 460.000 hectáreas en suelos clase 2 y 3 millones de hectáreas de suelo clase 3; sin embargo, la Upra afirma que existen alrededor de 20 millones de hectáreas que no están acondicionadas y que son aptas para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras”.

Esto desmiente esa sonada mentira de quienes no son profesionales del agro, en el sentido de que en Colombia rápidamente podrían escasear las tierras aptas para la producción agrícola. Nada más falso.

Debo valorar el inicio de la derogatoria de las Appas. En principio, empezar con las de la Sabana de Bogotá, en los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, es un acierto. En varios de ellos se compromete la producción de flores, actividad principal de la región.

Esperamos que muy rápidamente se puedan derogar las del Suroeste antioqueño, Tolima, Córdoba, Santander y La Guajira, entre otras. La protección de los suelos debe ser un proceso concertado, políticamente inclusivo y técnico en su concepción.

Empieza a cumplir el presidente Abelardo de la Espriella una de sus promesas de campaña al derogar las Appas. A dar el debate por el uso del suelo porque las Appas no van más.

Nota: Deja James Rodríguez la Selección Colombia. Se va uno de los grandes. ¡Gracias por tantas alegrías, capitán!