El arroz es un producto infaltable en la mesa de los colombianos. Tanto así que Colombia registra un consumo per cápita de 45,2 kilogramos al año, una cifra importante, aunque todavía distante de los 70 kilogramos que consume Perú, líder de la región en este indicador.
El cereal se cultiva en cerca de 210 municipios del país. Los diez departamentos con mayor producción son Casanare, Tolima, Meta, Huila, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Vale la pena destacar el arroz producido en la meseta tolimense, cuya calidad le ha permitido obtener el sello de denominación de origen.
Históricamente, las áreas sembradas han fluctuado de un año a otro según los resultados obtenidos en las dos cosechas anuales. La cosecha del segundo semestre, que inicia el 15 de julio, es la más importante debido a la extensión del área cosechada. Siempre hemos insistido en que, para evitar escenarios de sobreproducción, las áreas sembradas deberían mantenerse alrededor de las 500.000 hectáreas. Sin embargo, datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) indican que el año pasado se sembraron cerca de 700.000 hectáreas.
Dependiendo de la región y de la disponibilidad de agua, los rendimientos promedio oscilan entre 4,8 y 6,2 toneladas por hectárea. A esto se suma un inventario actual cercano a las 600.000 toneladas, una cifra elevada si se tiene en cuenta el inminente inicio de la nueva cosecha.
El panorama para la cosecha del segundo semestre no es alentador. El aumento de las áreas sembradas, los altos inventarios, la posible importación de arroz desde Ecuador y el riesgo de contrabando, sumados a la ausencia de herramientas de apoyo por parte del Gobierno, generan una preocupación legítima entre los productores.
Recordemos que el Gobierno nacional eliminó el Incentivo al Almacenamiento, argumentando erróneamente que este beneficiaba únicamente a grandes productores e industriales. En términos sencillos, este incentivo consiste en un apoyo económico que se entrega al industrial arrocero —al molinero— por cada tonelada almacenada durante un período determinado. A cambio, este debe garantizar un precio mínimo de compra al productor que cubra sus costos de producción, de acuerdo con la región o núcleo arrocero donde se encuentre.
Este mecanismo evita el desplome de los precios al regular la oferta mediante el almacenamiento y, al mismo tiempo, protege a los productores de una eventual quiebra. Esperamos que un próximo gobierno reactive esta herramienta, fundamental para la estabilidad del sector.
Por otro lado, la amenaza del contrabando proveniente de Ecuador continúa latente. Durante el gobierno de Iván Duque y bajo la gestión del entonces ministro Rodolfo Zea, logramos que, mediante un acuerdo en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, el 90 % del arroz importado desde Ecuador ingresara por vía marítima a través de los puertos del occidente del país.
En ese momento descubrimos la existencia de una red que duplicaba los permisos de importación y que, por cada tractomula autorizada para ingresar legalmente, introducía hasta tres cargamentos de contrabando. Solo este año, y debido a las dificultades comerciales con Ecuador, el Gobierno accedió a implementar esta medida mediante un acto administrativo.
Desde esta tribuna, y en nombre de los arroceros de Colombia, solicito a las ministras de Agricultura y de Comercio, Industria y Turismo que mantengan esta disposición para evitar la quiebra de miles de productores en distintas regiones del país.
Al próximo gobierno le corresponderá enfrentar lo que podría convertirse en una crisis para un sector que ha sido duramente golpeado durante los últimos tres años. Lo que está en juego es el ingreso, la estabilidad y la prosperidad de más de 400.000 familias colombianas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
¡Se viene la cosecha arrocera!
Nota: La jornada electoral del pasado domingo transcurrió en completa normalidad. Nuestro reconocimiento a la Registraduría Nacional por la transparencia y la eficiencia demostradas durante el proceso.
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