Agro

Continúan las protestas de trabajadores del gremio azucarero por invasión de tierras

El sábado 5 de agosto se da una nueva jornada de manifestaciones ante las invasiones de tierras por parte de comunidades indígenas
Por:
Karen Pinto Duitama
06 de agosto de 2022

Un día antes de que se realice la transmisión de mando a un nuevo Gobierno, en el norte del cauca se llevan a cabo bloqueos y protestas por parte de trabajadores de la industria azucarera que se manifiestan en contra de invasiones de tierras que han realizado comunidades indígenas en los últimos meses en este territorio.

Los acontecimientos de este sábado 6 de agosto se están dando en la vía que comunica a Santander de Quilichao con Caloto, incluso después de haber denunciado un ataque con un artefacto explosivo en las manifestaciones que realizaron el viernes 5 en la vía entre los municipios Corinto y Miranda.

Uno de los trabajadores que está en las protestas señaló que quería desmentir afirmaciones que realizó el líder indígena Feliciano Valencia, sobre el hecho de que los trabajadores están siendo instrumentalizados por los ingenios azucareros.

"Esto es iniciativa de nosotros porque los damnificados somos nosotros, somos los trabajadores quienes estamos realizando estas acciones porque lo único que tenemos es el trabajo y el territorio donde vivimos, para ello es que estamos pidiendo garantías", afirmó en horas de la mañana al medio radial, Blu.

Este conflicto no es nuevo. Las manifestaciones por parte de los trabajadores ya llevan varios días y denuncian que la problemática se está dando desde 2014 pero que en este año las invasiones iniciaron desde el 23 de julio.

Estos no han sido los únicos en pronunciarse, pues los centros de pensamiento Foro Atenas y el Libertank emitieron un comunicado pidiendo a la fuerza pública defender los derechos constitucionales y que se restablezca el orden luego de reportarse múltiples daños a la propiedad privada en fincas ubicadas en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda.

De la misma forma, el Consejo Gremial, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca, la SAC, SAG, Asocaña y Procaña pidieron respetar el derecho al trabajo, ya que interrumpir las actividades sería un riesgo económico para la región.

"Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a que manifieste su rechazo a estas acciones de hecho (las invasiones) que ponen en vilo la vida e integridad de quienes trabajan por el norte del Cauca, así como la productividad y sostenibilidad de los miles de empleos que genera el sector agropecuario e industrial en esa zona", afirmaron los gremios en un comunicado.

Por su parte, el presidente electo, Gustavo Petro, ya había hecho un llamado a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la Paz entre el movimiento indígena, el sector agroindustrial de la caña (Asocaña) y a los movimientos sociales del norte del Cauca para buscar solucionar el conflicto de tierras de la zona.

"Toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo", dijo a finales de julio a través de sus redes sociales. Ahora se está a la espera de que asumiendo el cargo presidencial, cuyo diálogo u otras acciones se lleven a cabo en pro de darle fin a las afectaciones. Se prevé que después de la posesión, el primer viaje sea al Cauca para encontrarse con las comunidades indígenas.

Asocaña también se ha pronunciado en múltiples ocasiones rechazando los ataques a la fuerza pública y a los actos de invasión, además el 28 de julio la presidenta de la asociación, Claudia Calero, afirmó que "Asocaña siempre ha estado proclive al diálogo, es reiterativo de nuestro lado, enmarcado en el respeto al trabajo, la libre empresa y la propiedad privada".

Comprendiendo que el problema de fondo es la invasión de terrenos de propiedad privada, es necesario conocer cuales son las consecuencias a las que se pueden enfrentar las comunidades.

De acuerdo con los artículos 261 y 263 del Código penal, la invasión de un predio tiene como consecuencia el desalojo del bien invadido y adicional, puede acarrear medida de aseguramiento intramural por 48 a 54 meses y una multa entre 13 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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