
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, mostró, nuevamente, su preocupación debido a la disminución del precio del arroz paddy verde, el cual es pagado a los productores en las principales zonas arroceras del país entre $10.000 y $15.000 pesos por carga.
Esta noticia complica la situación actual del sector arrocero colombiano, gracias a que ve afectado directamente el eslabón más débil de la cadena productiva, como lo es el productor. Esto sin contar con una tendencia preocupante que se viene desarrollando con los precios de este alimento desde inicios de 2025.
Bajo este contexto, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, afirmó que en el mes de junio de 2024 los productores habían recibido un promedio nacional que estaba cerca de $225.000 por carga, situación que viene cambiando, ya que a la fecha este valor ha descendido hasta $170.000 en la zona centro y $158.000 en la región de los Llanos, lo que representa una reducción histórica que representa una caída de 25%.
Lo anterior demuestra una situación poco favorable para el sector, pues pese a que los agricultores vienen alcanzando costos de producción similares a los que son registrados en Estados Unidos tras la implementación del programa Amtec, el deterioro del precio acabó con los avances que se habían alcanzado, a tal punto que hoy en día los precios no permiten que los agricultores puedan llegar a un punto de equilibrio.
Por otro lado, sin importar la cantidad de reuniones que se han realizado con diversos actores de la cadena por el Ministerio de Agricultura, como una garantía de la protección en la producción de este alimento, el precio de este alimento continúa bajando; por ello, en la actualidad existe un clima de tensión en el sector y aún más si se tiene en cuenta que está por llegar la gran cosecha del año.
“La idea no es que los demás eslabones de la cadena registren pérdidas; los precios deben ser justos para todos, garantizando eso sí desde un principio la justicia para el eslabón primario, porque de lo contrario, lo que se afianza es la destrucción de un sector productor básico de la seguridad alimentaria nacional”, añadió Hernández Lozano.
Finalmente, la Federación añadió que no puede seguir siendo el agricultor el que asuma y sea el perjudicado con todos los riesgos productivos, comerciales y económicos de la cadena; además, afirman que ya es momento de que el Gobierno Nacional intervenga para que garantice el cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que habla precisamente de la necesidad de proteger la producción de alimentos y a quienes lo hacen posible.
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