Productores de caña alertan crisis social y piden medidas para proteger el empleo
En el marco del Acto Público de la LIII Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados de Procaña, el Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional, se refirió a la seguridad jurídica y el marco constitucional necesario para el desarrollo del sector cañero.
En su ponencia, habló sobre las garantías del orden constitucional, la seguridad jurídica, el Estado de derecho y el sostenimiento de la democracia, factores importantes para garantizar la sostenibilidad del sector agroindustrial de la caña.
Sobre la seguridad, el magistrado se refirió a una triada de seguridad que es la que garantiza el desarrollo rural y que está compuesta por la seguridad física, jurídica y alimentaria. Para Ibáñez, garantizar estas tres es el primer paso para el desarrollo del campo colombiano.
"Sin seguridad física no existen condiciones materiales para producir, sin seguridad jurídica no hay incentivos para invertir ni confianza en el orden constitucional, y sin seguridad alimentaria se debilita la estabilidad social económica" enfatizó, añadiendo que "la seguridad es una condición fundamental para la prosperidad rural".
En la misma línea habló sobre las instituciones de seguridad pública y la necesidad de que estas trabajen junto a las ramas del poder público y los sectores privados. "Entre todos, con ustedes el sector privado, debemos construir, mantener y preservar el orden constitucional", aseguró Ibáñez.
En un segundo momento se refirió al impacto del sector agroindustrial de la caña de azúcar, su impacto económico y social, como también los retos de seguridad que hoy afrontan los cañicultores.
"La industria de la caña de azúcar ha sido durante décadas un motor de desarrollo, una fuente de empleo normal, una actor determinante en la seguridad energética a través de los biocombustibles, un componente fundamental en la estabilidad económica, de todo el país y especialmente en el sur occidente de Colombia", enfatizó el magistrado.
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Así mismo, se refirió a los retos del sector, enfatizando en la seguridad física que afecta la operación de la agroindustria en el país mientras que se fortalecen las economías ilícitas. Para Ibáñez, "donde se expande la rentabilidad criminal retrocede la seguridad jurídica y se encarece la producción rural".
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