Polémica por uso de glifosato para luchar contra cultivos ilícitos regresa el jueves a la Corte Constitucional

El glifosato vuelve a la Corte Constitucional. Esta vez será el invitado a la audiencia pública que se realizará este jueves como parte del seguimiento a la sentencia de una tutela de 2017 que evidenció la afectación a la que se veían expuestas las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó) si se reanudaba la aspersión aérea con el herbicida. El tema no es de poca monta ya que desde el Gobierno reclaman la fumigación con este químico para evitar el aumento de los cultivos de hoja de coca en el país.

La tutela en mención fue promovida por el personero del mencionado municipio, quien buscó que se ampararan los derechos a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En síntesis, su petición buscaba que se adelantara una consulta con las comunidades afectadas por las decisiones del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato.

En su momento, el delegado del Ministerio Público sostenía que la aplicación de glifosato desde el aire no era una buena opción por las condiciones geográficas y climatológicas del Chocó, es decir por los vientos y las lluvias, el químico “va a parar a los cultivos lícitos de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas”.

La aspersión originó daños al hábitat de la región, al alimento de las familias indígenas y afrodescendientes que derivan su sustento de la agricultura y a los cuerpos de agua de los que se abastecen para sus cultivos, animales y, en ocasiones, para su propio abastecimiento.

Cuando se evidenciaron los problemas en la zona, el personero elevó la denuncia ante las autoridades, pero aseguró que las entidades “se han mostrado ajenas a las quejas, los daños ambientales, la problemática sanitaria y de salud”. Tras la negativa, muchas comunidades optaron el desplazamiento a fin de buscar una nueva forma de manutención.

En primera instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante sentencia proferida el 15 de julio de 2013, negó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud, al ambiente sano, integridad física, vida digna, a la identidad étnica y cultural y a la libre determinación.

Quien profirió la decisión dejó claro que no existía un nexo de causalidad entre las fumigaciones realizadas sobre las zonas supuestamente afectadas y la vulneración de los derechos fundamentales.

Tras la apelación, el fallo de segunda instancia también le fue adverso a los accionantes. En uno de sus apartes sostuvo que tampoco se habían recabado los elementos suficientes para soportar la existencia de un perjuicio irremediable con características de inminencia, urgencia y gravedad ni al menos la afectación directa de un derecho fundamental a una persona concreta.

La revisión llegó a manos de la Corte Constitucional y le correspondió a un magistrado que hoy día está en líos judiciales: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En condición de magistrado sustanciador ordenó varios procedimientos que incluyeron solicitudes de informes ambientales, etnográficos, de política antidrogas y, además, conceptos académicos a organizaciones europeas y a reconocidos expertos en la materia.

Uno de esos conceptos fue solicitado a Keith Solomon, profesor emérito de la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guelph (Canadá), quien participará este jueves como ponente en el segundo eje de la audiencia que hablará sobre Las afectaciones del glifosato en el ambiente, naturaleza, fuentes de agua, vegetación y animales.