El debate que esperan los agricultores

Mientras el país continúa en el debate del uso de la camiseta de la Selección Colombia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, el campo colombiano espera atento soluciones.

Las cifras lo confirman. El último Censo Nacional Agropecuario del Dane, realizado en 2014, reveló que solo 11% de los productores rurales había solicitado crédito agropecuario a través del sistema financiero formal, apenas 9,6% había recibido asistencia técnica, y menos del 18% utilizaba sistemas de riego. Una década después, en 2024, la pobreza monetaria en zonas rurales dispersas llegó a 42,5% y la pobreza extrema a 21,8%, según el Dane.

Y en este contexto, los programas de gobierno de los dos candidatos a la Presidencia reconocen con distintos énfasis, que al campo colombiano le falta atención. Hay consenso en que: las vías terciarias están destruidas, no hay acceso a crédito formal, la inseguridad en veredas y corregimientos es alarmante y que la informalidad laboral supera 83% en la ruralidad. El diagnóstico está hecho, pero aún no se concreta la voluntad de construir la institucionalidad que lo debe resolver.

Al problema central del campo colombiano no le tenemos que meter ideología, porque el productor rural, sea grande o pequeño, hoy opera en un entorno donde el Estado llega tarde, llega mal o simplemente no llega. En la mayoría de los casos, no hay asistencia técnica oportuna, ni crédito accesible, tampoco vías que permitan sacar las cosechas. No hay seguridad jurídica sobre lo que se siembra, lo que invierte y tampoco certezas en la venta. Así no hay modelo agrario que funcione. Pero el abandono no termina en la finca, continúa en la cancha comercial.

Mientras Colombia debate si el campo merece más atención, otros países defienden con determinación su producción agrícola de las distorsiones que la amenazan. Subsidios que alteran precios, asimetrías arancelarias dentro de bloques de integración como la CAN. Lo cierto es que estas distorsiones existen, están documentadas y afectan cultivos, empleos y territorios completos.

Defender la producción nacional de distorsiones externas es sencillamente lo que hace cualquier Estado que se toma en serio su agricultura y su seguridad alimentaria. Estados Unidos lo hace con el maíz. La Unión Europea lo hace con los lácteos. Colombia, en cambio, es bastante tímida con los mecanismos de defensa comercial.

Y si el abandono interno y el comercial ya son graves, hay un tercero que los supera a todos: el abandono en seguridad.

El campo colombiano enfrenta la violencia todos los días: reclutamiento forzado de jóvenes rurales, extorsión sistemática a productores, ataques a infraestructura productiva y desplazamiento de comunidades. La inseguridad la debemos ver como una variable económica que destruye competitividad, espanta inversión y condena a territorios a la informalidad y a la pobreza.

Colombia tiene 43 millones de hectáreas dentro de su frontera agrícola y cosecha apenas 5,5 millones. No es un problema de tierra, es un problema de infraestructura, financiamiento, asistencia técnica, reglas de juego estables y voluntad de defender lo que se produce.

Quien gane el 21 de junio debe tener respuestas a las siguientes preguntas: ¿cuál es el plan para que el Estado llegue de verdad al territorio?, ¿cuál es la política para defender la producción nacional de distorsiones externas?, y ¿cómo se protege a quien trabaja en un territorio donde el Estado no llega y la violencia sí? Si no hay respuestas, será pura y dura retórica.

Mientras tanto, sigamos hablando de camisetas…