Proteger el campo: un compromiso que debe completarse

El Gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a cumplir uno de sus compromisos con el campo: derogar las declaratorias de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos adoptadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión merece reconocimiento y recuerda otro compromiso pendiente: derogar las resoluciones del Igac sobre ajustes masivos de avalúos rurales.

Felicito al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por las resoluciones 349 y 351 de 2026, que derogaron las Appa del sur de La Guajira y de Cogua, Nemocón, Sopó, Tenjo y Tabio. La revisión adelantada encontró problemas cartográficos, inconsistencias regulatorias y vacíos en la representación de la realidad productiva. Son razones de fondo para corregir instrumentos que condicionan el uso de la tierra.

Para el caso de Cundinamarca, el modelo para delimitar las áreas evaluó únicamente dos cadenas bovinas de pastoreo y omitió los sistemas pecuarios confinados, como la avicultura. Esto ocurrió en una región con más de 1,26 millones de aves y una producción anual superior a 240 millones de huevos. Aunque la actividad estaba permitida, sus necesidades de infraestructura y bioseguridad no fueron consideradas en la delimitación. El instrumento dejó fuera de su análisis una parte esencial de la producción de alimentos que pretendía proteger.

Proteger la producción exige rigor técnico, respeto por las competencias municipales y diálogo con los productores. También requiere cuidar las condiciones económicas que permiten seguir produciendo.

Por eso, el paso dado por Agricultura debe tener continuidad en el catastro. En mi columna titulada Carta al Congreso y al Ejecutivo: La renta de la tierra, pedí derogar las resoluciones 1912 de 2024 y 2057 de 2025. El llamado sigue vigente.

La tabla publicada en la Resolución 2057 consigna incrementos de 2.046% en una zona de Buga, 2.070% en una de Riofrío y hasta 5.081% en una de La Unión. Son cifras que exigen una explicación y una evaluación de sus consecuencias.

El avalúo no es el impuesto predial, pero constituye su base gravable. Los municipios fijan las tarifas y deben aplicar los límites legales. Sin embargo, distribuir las competencias entre entidades no resuelve la preocupación del agricultor: Una mayor valoración del patrimonio no trae consigo más ingresos. La cosecha sigue dependiendo del clima, los costos y los precios.

El Consejo de Estado ya admitió una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 2057 de 2025 y sus modificaciones. La admisión no anticipa un fallo, pero abre el examen judicial de una decisión que afecta a los propietarios rurales.

Invito al nuevo director del Igac, Jairo Alexis Frías Peña, a impulsar la derogatoria de las resoluciones 1912 y 2144 de 2024 y 2057 de 2025, sustituir el esquema cuestionado por una valoración que reconozca la realidad agropecuaria y definir cómo corregir las distorsiones resultantes, en coordinación con los municipios.

La derogatoria de estas Appa es un avance. Cumplir el compromiso sobre los avalúos ayudará a las familias rurales a permanecer en sus tierras y seguir produciendo.